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Artículo 2339RECOPILACIÓN DE NORMAS DE SEGUROS Y REASEGUROS - Modificaciones en la normativa relativa a tercerizaciones de servicios

Montevideo, 28 de enero de 2020 CIRCULAR N° 2339 Ref: : RECOPILACIÓN DE NORMAS DE SEGUROS Y REASEGUROS - Modificaciones en la normativa relativa a tercerizaciones de servicios Se pone en conocimiento que la Superintendencia de Servicios Financieros adoptó con fecha 9 de enero de 2020, la resolución que se transcribe a continuación: 1) SUSTITUIR en la Sección I – Autorizacion para funcionar, del Capítulo II – Autorización y habilitación para funcionar, del Título I – Empresas de seguros y reaseguros, el artículo 4.1 por el siguiente: ARTÍCULO 4.1 (INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA) A efectos de la emisión de opinión por parte del Banco Central del Uruguay, la solicitud de autorización para funcionar como empresa aseguradora o reaseguradora deberá acompañarse de la siguiente información y documentación: a. Denominación de la empresa, indicando razón social, domicilio real y constituido. b. Testimonio notarial del estatuto o proyecto de estatuto presentado ante la Auditoria Interna de la Nación para su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5. c. Datos identificatorios de los representantes legales de la sociedad (nombre completo, nacionalidad, documento de identidad y domicilio). d. Nómina de accionistas, capital a aportar y porcentaje de participación, acompañada de la información solicitada en el artículo 6. e. Nómina del personal superior de acuerdo con la definición establecida en el artículo 145.2 acompañada de la información requerida en el artículo 7. f. Nómina de los integrantes del conjunto económico al que pertenece la sociedad, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 271 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, incluyendo descripción de las actividades desarrolladas por los mismos, vinculaciones operativas y comerciales con la empresa aseguradora o reaseguradora, así como detalle de los sitios web de los mismos, de existir. g. Estructura organizativa proyectada y dotación de personal con que ha de contar. Gastos estimados de organización, constitución e instalación especificando, si corresponde, costos de arrendamiento y/o acondicionamiento e inversiones. h. Ramas en las que va a operar. i. Plan de negocios que incluya un estudio de factibilidad económico financiera, que deberá contar con un presupuesto de actividades para los primeros 3 (tres) años de funcionamiento. j. Planes de seguros con los contenidos mínimos del artículo 16. k. Políticas de reaseguro. l. Documentación que acredite el cumplimiento de los numerales 1) a 10) del artículo 4, según corresponda. m. Comprobante del depósito a que refiere el artículo 5 del Decreto 354/94 de 17 de agosto de 1994. n. Descripción de los servicios a tercerizar que sean imprescindibles para la entrada en operación de la empresa. Cuando se trate de servicios prestados por terceros radicados en el exterior del país o en el país pero el servicio se preste total o parcialmente en o desde el exterior, deberá presentarse la información y documentación dispuesta en el artículo 16.1.1. En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar información adicional a la señalada precedentemente. 2) SUSTITUIR en el Capítulo VI BIS – Tercerización de servicios, del Título I – Empresas de seguros y reaseguros, del Libro I – Autorizaciones y Registros, el artículo 16.1 por el siguiente: ARTICULO 16.1 (TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS). Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán solicitar la autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros para la contratación de terceros para la prestación en su favor de aquellos servicios de tal modo inherentes a su giro que, cuando son cumplidos por sus propias dependencias, se encuentran sometidos a las potestades de regulación y control de la referida Superintendencia. Las empresas que presten los servicios tercerizados estarán sometidas, en cuanto a esas actividades, a las mismas normas que las que rigen cuando son cumplidas por las entidades controladas, con excepción de aquéllas de carácter sancionatorio. La tercerización no implica en ningún caso exención o limitación de la responsabilidad que la ley o la reglamentación impongan a las instituciones por el incumplimiento de sus obligaciones. No se podrá tercerizar la aceptación de clientes. Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán contar con políticas y procedimientos establecidos por escrito que permitan asegurar una efectiva identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos -tanto presentes como futuros- asociados a los acuerdos de tercerización realizados. En particular, deberán evaluar los riesgos emergentes de la tercerización de múltiples actividades en un mismo proveedor. 3) INCORPORAR en el Capítulo VI BIS – Tercerización de servicios, del Título I – Empresas de seguros y reaseguros, del Libro I – Autorizaciones y Registros, los siguientes artículos: ARTÍCULO 16.1.1 (AUTORIZACIÓN DE TERCERIZACIONES). La autorización a que refiere el artículo 16.1 podrá ser otorgada en forma expresa o tácita de acuerdo con lo dispuesto a continuación: 1) Cuando se trate de servicios prestados por terceros radicados en el exterior del país deberá solicitarse la autorización expresa de la Superintendencia de Servicios Financieros. De igual modo deberá solicitarse la autorización expresa cuando los terceros están radicados en el país pero los servicios se prestan total o parcialmente en o desde el exterior. La solicitud de autorización deberá venir acompañada del texto del contrato de servicios a ser suscrito y un informe donde conste la evaluación de los riesgos asociados a la tercerización, incluyendo la valoración de la solvencia patrimonial y técnica de los terceros contratados y de los subcontratados, si los hubiere, así como de los aspectos relacionados con los riesgos legales a los que se expone la información sujeta a secreto, de acuerdo con la legislación uruguaya. El contrato deberá cumplir con los requerimientos a que refiere el numeral 1) del art. 16.1.2. Una vez otorgada la autorización, el referido informe deberá mantenerse en las oficinas de la institución a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros y actualizarse periódicamente en función del resultado de la evaluación de riesgos realizada respecto de la tercerización. La autorización referirá únicamente al servicio específico objeto de la solicitud. Todo cambio posterior al alcance o a las condiciones sobre cuya base se otorgó la autorización original, deberá ser objeto de una nueva solicitud. La autorización concedida podrá ser revocada en caso de observarse desviaciones de lo indicado, sin perjuicio de otras sanciones que pudieren aplicarse a la institución por el incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Servicios Financieros. Los costos en que incurra la Superintendencia de Servicios Financieros por actividades de supervisión en el exterior de servicios tercerizados, serán de cargo de la institución supervisada. 2) Cuando se trate de servicios prestados en el país por terceros radicados en él, su contratación se considerará autorizada siempre que se cumpla con los requerimientos a que refiere el artículo 16.1.2. Aquellas tercerizaciones realizadas con instituciones que se encuentren sujetas a regulación y supervisión del Banco Central del Uruguay respecto de la actividad tercerizada, sólo deberán cumplir con lo dispuesto en el numeral 1) literal e) del referido artículo para considerarse autorizadas. A los efectos de las tercerizaciones que impliquen procesamiento de datos se aplicará además lo dispuesto en los artículos 16.2 y 16.3. La autorización para la utilización de servicios de terceros para realizar los procedimientos de debida diligencia se regirá por lo dispuesto en el artículo 79. La Superintendencia de Servicios Financieros podrá establecer que determinados servicios no requerirán autorización para su contratación. ARTÍCULO 16.1.2 (TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL PAÍS POR TERCEROS RADICADOS EN ÉL). Las tercerizaciones de servicios prestados en el país por terceros radicados en él, se considerarán autorizadas cuando cumplan con los requerimientos que se establecen a continuación: 1) Los servicios tercerizados deberán estar detallados en un contrato entre las partes que deberá contener, como mínimo, las siguientes cláusulas: a) Identificación de las partes contratantes, sus representantes y domicilios legales. b) Objeto del contrato, indicando los servicios a tercerizar de manera detallada, el alcance de los mismos y las condiciones y niveles mínimos de prestación establecidas por la institución contratante. Cuando los servicios contratados impliquen el procesamiento de datos, se deberá identificar la localización desde donde se presta dicho procesamiento, su mantenimiento y los respaldos. c) Responsabilidad de la institución por los servicios prestados por el tercero contratado. d) Compromisos en materia de confidencialidad y protección de datos. e) Derecho a realizar auditorías o evaluaciones periódicas, sin restricciones de especie alguna, por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros y de la institución contratante, ya sea directamente o mediante auditorías independientes. A estos efectos, se deberá prever el acceso irrestricto a los datos y a toda la documentación e información técnica relacionada con los servicios prestados. f) Procedimientos para obtener la información necesaria para que el servicio se pueda continuar prestando ante cualquier situación que pudiera sufrir el tercero que le impidiera continuar cumpliendo con el servicio contratado. g) Causales de rescisión, entre las que se deberá incluir la instrucción del cese para la prestación de servicios a través de la empresa tercerizada por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros. Los requerimientos detallados en los literales b), d) y e) serán exigibles también a los contratos con las empresas subcontratadas por la empresa tercerizada, si los hubiera. En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá requerir modificaciones tanto a los contratos con la empresa tercerizada, como respecto de los contratos con empresas subcontratadas. 2) Las instituciones deberán mantener en sus oficinas a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros: a) Los contratos celebrados con la empresa en la que se tercerizaron los servicios, así como copia de los contratos correspondientes a las subcontrataciones, si las hubiera. b) Informe donde conste la evaluación de los riesgos asociados a la tercerización, incluyendo la valoración de la solvencia patrimonial y técnica del tercero contratado y de los subcontratados si los hubiere, así como de los aspectos relacionados con los riesgos legales a los que se expone la información sujeta a secreto. El referido informe deberá actualizarse periódicamente en función del resultado de la evaluación de riesgos realizada respecto de la tercerización. 4) SUSTITUIR en el Capítulo VI BIS – Tercerización de servicios, del Título I – Empresas de seguros y reaseguros, del Libro I – Autorizaciones y Registros, el artículo 16.2 por el siguiente: ARTÍCULO 16.2 (TERCERIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS). Se entiende por procesamiento de datos la ejecución de cualquier acción sobre los datos que logre una transformación en ellos, incluido el cambio de medio en el que están soportados. Los procedimientos de resguardo de datos y software deberán satisfacer las condiciones del artículo 120.3 y garantizar que la infraestructura tecnológica y los sistemas que se emplearán para la comunicación, almacenamiento y procesamiento de datos ofrecen seguridad suficiente para satisfacer las condiciones establecidas en el artículo 120.7, así como para resguardar permanentemente la continuidad operacional descripta en el artículo 120.9. En los casos en que los clientes reciban información procesada por el tercero, éste deberá ser identificado por la institución por cualquier medio, indicando denominación social y domicilio. Cuando el sistema informático o la plataforma utilizada sean compartidos con otras entidades, la misma deberá permitir la clara identificación de las operaciones, datos y cualquier otra información inherente al supervisado. 5) SUSTITUIR en el Capítulo VI BIS – Tercerización de servicios, del Título I – Empresas de seguros y reaseguros, del Libro I – Autorizaciones y Registros, el artículo 16.3 (Condiciones para la tercerización del procesamiento de datos) el que pasará a denominarse artículo 16.3 (Requisitos adicionales para el procesamiento de datos en o desde el exterior del país), por el siguiente: ARTÍCULO 16.3 (REQUISITOS ADICIONALES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS EN O DESDE EL EXTERIOR DEL PAIS). Cuando el procesamiento de datos sea prestado por un tercero radicado en el exterior o en el país pero el servicio se preste total o parcialmente en o desde el exterior las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán, además, prestar particular atención a los requerimientos legales y regulatorios existentes en la jurisdicción anfitriona así como a las potenciales condiciones políticas, económicas y sociales u otros eventos que puedan conspirar contra la habilidad del proveedor de cumplir satisfactoriamente con las obligaciones acordadas. Estos extremos deberán verificarse tanto al momento de la selección inicial del proveedor como al momento de eventuales renovaciones de contrato. El tercero deberá contar con una modalidad de operación y un equipamiento tales que permitan en todo momento el acceso en línea a toda la información desde las terminales instaladas en la empresa supervisada. Con relación al resguardo de la información en el exterior, una de las copias a que refiere el artículo 120.3 deberá radicarse físicamente en el Uruguay y permanecer accesible a los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Financieros en un plazo no mayor al que fije la referida Superintendencia en función del lugar del procesamiento. En lo que respecta al plan de continuidad operacional a que alude el artículo 120.9, éste deberá ser probado con resultados exitosos previo al inicio de la actividad de procesamiento y posteriormente, por lo menos una vez al año. La Superintendencia de Servicios Financieros podrá disponer que estas pruebas se realicen bajo su supervisión. 6) DEROGAR en el Capítulo VI BIS – Tercerización de servicios, del Título I – Empresas de seguros y reaseguros, del Libro I – Autorizaciones y Registros, el artículo 16.4. 7) SUSTITUIR en el Capítulo II – Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título I – Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de seguros, para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro III – Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 79 por el siguiente: ARTÍCULO 79 (SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS PARA PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). La utilización de servicios de terceros para realizar los procedimientos de debida diligencia requerirá la autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros. Las empresas que presten los servicios tercerizados estarán sometidas, en cuanto a esas actividades, a las mismas normas que las que rigen cuando son cumplidas por las entidades controladas, con excepción de aquellas de carácter sancionatorio. La institución mantendrá en todo momento la responsabilidad final por la adecuada identificación y conocimiento de los mismos, debiendo verificar la adecuada aplicación de sus procedimientos a los clientes cuya debida diligencia sea realizada por un tercero. Los terceros estarán obligados a aplicar los procedimientos de debida diligencia de clientes establecidos por la institución. La institución deberá obtener y conservar la información y documentación relativa a la identificación y conocimiento del cliente en todos los casos, tal como si los procedimientos de debida diligencia hubieran sido completados directamente por ésta. No podrán utilizarse los servicios de terceros para la realización del monitoreo de transacciones a los efectos de detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Se consideran autorizadas aquellas tercerizaciones de procedimientos de debida diligencia con clientes que cumplan con lo dispuesto precedentemente y los requerimientos que se detallan a continuación: a. El tercero que preste el servicio podrá ser un intermediario de seguros del país con el que la empresa aseguradora o reaseguradora mantenga vínculos o un tercero que deberá estar inscripto ante el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras, y ser regulado y supervisado o monitoreado por éste, especialmente en cuanto al cumplimiento de los requisitos de debida diligencia de clientes y mantenimiento de registros, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. b. El tercero que preste el servicio deberá estar radicado en un país que no esté siendo objeto de medidas especiales por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que no esté incluido en la lista de países que no cumplen con los criterios de transparencia y cooperación en materia fiscal emitida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). c. Los servicios a tercerizar deberán estar detallados en un contrato entre las partes el que deberá contener, como mínimo, las siguientes cláusulas: c.1. la obligación del tercero contratado de verificar la identidad del potencial cliente o, en su defecto, establecer que dicha verificación la realizará la propia institución. c.2. la documentación necesaria para verificar la identidad del cliente. c.3. la información y documentación financiera que el tercero deberá relevar para obtener adecuado conocimiento de la actividad económica desarrollada por el potencial cliente, y la forma en que se verificará la misma. c.4. la documentación que deberá completar y suscribir el cliente una vez aceptado (contratos, formularios de conocimiento del cliente para nuevas vinculaciones o actualización de información, etc.). c.5. la obligación del tercero contratado de poner en conocimiento del potencial cliente que no se iniciará ningún vínculo comercial en tanto la entidad no lo acepte formalmente. c.6. compromisos de confidencialidad y protección de datos personales. c.7. prohibición de subcontratar. La información y documentación mencionadas en los literales c.2 a c.4 deberá ser consistente con las requeridas por la institución para el resto de sus clientes, de acuerdo con el perfil de los mismos. d. La institución deberá: d.1. mantener en sus oficinas los contratos celebrados con la empresa en la que se tercerizaron los servicios así como información suficiente y actualizada que acredite la idoneidad y antecedentes del tercero contratado, así como una declaración del mismo acerca del personal que realizará la debida diligencia, que acredite que conoce la regulación vigente en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo aplicable a la institución contratante y los procedimientos de debida diligencia a aplicar. La información y documentación mencionadas deberán actualizarse como mínimo cada 2 (dos) años. d.2. contar con un listado de clientes cuya debida diligencia fue realizada por un tercero. Los costos en que incurra la Superintendencia de Servicios Financieros por actividades de supervisión en el exterior de servicios tercerizados, serán de cargo de la institución supervisada. 8) SUSTITUIR en la Sección I – Información y documentación – Condiciones y formas de resguardo, del Capítulo II – Información y documentación, del Título I – Registros, Documentación y Conservación de información, del Libro VI – Información y documentación, los artículos 120.3 y 120.9 por los siguientes: ARTÍCULO 120.3 (RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN). Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán implementar procedimientos de resguardo de datos y software, de tal forma que sea posible reconstruir las informaciones emitidas para el Banco Central del Uruguay, los registros contables y cada uno de los movimientos que dan origen a los mismos - hasta un grado de detalle tal que permita la identificación de las cuentas y los movimientos en los rubros de los estados contables-, así como todo otro dato, incluyendo correos y toda otra forma de mensajería electrónica, que se considere relevante en la reconstrucción de las operaciones a los fines del Banco Central del Uruguay o para requerimientos judiciales. Los formatos de guarda serán dispuestos -en cada caso- por la Superintendencia de Servicios Financieros. Los citados procedimientos deberán incluir, como mínimo, un resguardo diario y deben prever la generación de, por lo menos, 2 (dos) copias de resguardo, debiendo una de ellas ser almacenada a una distancia razonable del centro de procesamiento, en un edificio distinto al mismo. Se admitirá el respaldo incremental, es decir, un respaldo diario que contemple únicamente los movimientos del día, pero semanalmente deberá realizarse un respaldo completo de acuerdo con las condiciones previstas en el primer párrafo. Asimismo, deberán contar con procedimientos que permitan la recuperación de toda la información respaldada. Por lo menos una vez al año se deberán realizar pruebas -formales y debidamente documentadas- de recuperación y de integridad de los resguardos de datos, no pudiendo dichas pruebas aplicarse a datos previamente probados y validados. ARTÍCULO 120.9 (PLAN DE CONTINUIDAD OPERACIONAL). Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán contar con un plan documentado que asegure la continuidad de las operaciones en caso de cualquier evento que afecte las instalaciones, equipos, datos o software o la prestación de los servicios tercerizados, imposibilitando la operativa normal. El mismo deberá ser permanentemente actualizado. Se deberá realizar pruebas -formales y debidamente documentadas- de la efectividad del mismo, como mínimo, una vez al año. 9) DEROGAR en el Capítulo V – Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título II – Régimen Informativo, del Libro VI – Información y documentación, el artículo 149.2. 10) INCORPORAR en el Capítulo IX – Otras informaciones, del Título II – Régimen informativo, del Libro VI – Información y documentación, el siguiente artículo: ARTÍCULO 159.3 (INFORMACIÓN SOBRE TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS). Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán proporcionar a la Superintendencia de Servicios Financieros, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, información sobre las tercerizaciones de servicios contratadas. La referida información deberá presentarse dentro de los 10 (diez) días hábiles de firmado el contrato. 11) INCORPORAR en el Título III – Otras sanciones, de la Parte I – Sanciones para empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas, del Libro VII - Régimen sancionatorio y procesal, el siguiente artículo: ARTÍCULO 162.3 (MULTA POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS SOBRE TERCERIZACIONES). Las empresas que incumplan con las normas sobre tercerización de servicios serán sancionadas con una multa no inferior a 13.000 UI (trece mil unidades indexadas) ni superior a 250.000 UI (doscientos cincuenta mil unidades indexadas). En caso que la infracción refiera a la contratación de terceros sin autorización conforme lo establecido en el artículo 16.1.1, las empresas serán sancionadas con una multa no inferior a 130.000 UI (ciento treinta mil unidades indexadas) ni superior a 500.000 UI (quinientas mil unidades indexadas). JUAN PEDRO CANTERA Superintendente de Servicios Financieros 2019/03108

Rige desde: la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026
Copia: Circular 2339
Texto oficial: https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2339.pdf

Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.

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