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Artículo 2313RECOPILACION DE NORMAS DE SEGUROS Y REASEGUROS - ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA LEY NRO. 19.574

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Montevideo, 10 de diciembre de 2018 CIRCULAR N? 2.313 Ref: RECOPILACION DE NORMAS DE SEGUROS Y REASEGUROS - ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA LEY NRO. 19.574 Y SU MODIFICATIVA Y A LAS RECOMENDACIONES DEL GAH!I. Se pone en conocimiento que la Superintendencia de Servicios Financieros adoptó con fecha 23 de noviembre 2018, la resolución que se transcribe a continuación: 1. SUSTITUIR en el Capítulo | - Sistema integral de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro lll — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 67 y 68 por los siguientes: ARTÍCULO 67 (SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). Las empresas deberán implantar un sistema integral para prevenirse de ser utilizados en el lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes. La aplicación del mismo deberá extenderse a toda la organización incluyendo a sus sucursales y subsidiarias, en el país y en el exterior. En tal caso, las empresas deberán verificar que sus sucursales o subsidiarias en el exterior apliquen adecuadamente todas las medidas de prevención y control previstas por dicho sistema integral. Cuando los requisitos mínimos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo del país sede de la sucursal o subsidiaria sean menos estrictos que los de nuestro país, las empresas deberán asegurarse que éstas implementen los requisitos de nuestro país, en la medida en que lo permita la normativa del país sede. Si dicho país no permite su implementación, las empresas deben aplicar medidas adicionales apropiadas para manejar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY e informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero. La dirección de las empresas debe mostrar total compromiso con el funcionamiento del sistema preventivo, estableciendo políticas y procedimientos apropiados y asegurando su efectividad ARTÍCULO 68 (COMPONENTES DEL SISTEMA). El sistema exigido por el artículo 67 deberá incluir los siguientes elementos: a. Políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que les permitan prevenir, detectar y reportar a las autoridades competentes las transacciones que puedan estar relacionadas con dichos delitos. A esos efectos, las empresas deberán: Í. identificar los factores de riesgo asociados a su actividad (productos, clientes, zonas geográficas y canales de distribución), considerando especialmente la complejidad de los contratos de seguros o reaseguros; ii. evaluar sus posibilidades de ocurrencia e impacto; iii. ¡implementar medidas de control adecuadas para mitigar los diferentes tipos y niveles de riesgo identificados; iv. monitorear en forma permanente los resultados de los controles aplicados y su grado de efectividad, para detectar aquellas operaciones que resulten inusuales o sospechosas y para corregir las deficiencias existentes en el proceso de gestión del riesgo; y v. documentar las evaluaciones de riesgo realizadas de forma tal de poder demostrar sus bases, mantenerlas actualizadas y contar con los mecanismos apropiados para suministrar información acerca de dicha evaluación de riesgo cuando le sea requerida. b. Políticas y procedimientos con respecto al personal y los intermediarios de seguros con los que mantengan vínculos, que aseguren: i. un alto nivel de integridad de los mismos. Se deberán considerar aspectos tales como antecedentes personales, laborales y patrimoniales del personal que posibiliten evaluar la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial. En el caso de los intermediarios de seguros, se deberán considerar únicamente los Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY antecedentes personales. ii. una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la forma de proceder en cada situación. Cuando los intermediarios de seguros sean personas jurídicas, las exigencias contenidas en los apartados precedentes deberán cumplirse respecto de su personal. c. Un Oficial de cumplimiento que será el responsable de la implementación, el seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema, debiendo promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos aplicados por la empresa. Además será el funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. También será responsable de elaborar los informes a que refiere el artículo 18.25. Disposición Transitoria: Las empresas dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuarse a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. DEROGAR en el Capítulo | - Sistema integral de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 69. SUSTITUIR en el Capítulo | - Sistema integral de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 70 y 71 por los siguientes: ARTÍCULO 70 (CÓDIGO DE CONDUCTA). Las empresas deberán adoptar un código de conducta, aprobado por su máximo órgano ejecutivo con notificación a sus propietarios, que refleje el compromiso institucional asumido a efectos de evitar ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y en el que se expongan las normas éticas y profesionales que, con carácter general, rigen sus acciones en la materia. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY El código de conducta deberá ser debidamente comunicado y aplicado por todo el personal. A estos efectos resultan de aplicación las normas contenidas en los artículos 116.2 a 116.4. ARTÍCULO 71 (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). El oficial de cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal superior a que refiere el artículo 145.2. Debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, la jerarquía dentro de la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en forma autónoma y eficiente. 4. SUSTITUIR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro lll — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 72, 73 y 74 por los siguientes: ARTÍCULO 72 (POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). Las empresas deberán definir políticas y procedimientos de debida diligencia que deberán aplicarse a todos los nuevos clientes y asimismo, a los clientes existentes, entendiéndose por tales los asegurados, tomadores y beneficiarios de una póliza, que les permitan obtener un adecuado conocimiento de los mismos así como del beneficiario final, prestando especial atención al volumen y a la índole de los negocios u otras actividades económicas que los clientes desarrollen. Dichas políticas y procedimientos también deberán aplicarse a las empresas reaseguradoras con las que establezcan relaciones de negocios. Las empresas no establecerán relaciones de negocios ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia antes referidos. Cuando se aprecie esta posibilidad en el curso de la relación de negocios, las empresas pondrán fin a la misma, procediendo a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información y Análisis Financiero de acuerdo con la normativa en la materia. Las políticas y procedimientos definidos por la empresa deberán contener, como mínimo: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY a) Medidas razonables para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información acerca de la verdadera identidad del cliente así como del beneficiario final. b) Procedimientos para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información relativa a la actividad económica desarrollada por el cliente, que permitan justificar adecuadamente la procedencia de los fondos manejados. c) Reglas claras de aceptación de clientes, definidas en función de factores de riesgo tales como: país de origen, nivel de exposición política, tipo de negocio o actividad, personas vinculadas, tipo de producto requerido, volumen de operaciones, etc., que contemplen mecanismos especiales de análisis y requisitos de aprobación más rigurosos para las categorías de clientes de mayor riesgo. d) Sistemas de monitoreo de transacciones que permitan detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Las políticas y procedimientos a aplicar deberán considerar el nivel de riesgo del cliente y aquellas situaciones especiales que requieran una debida diligencia intensificada. Asimismo, las políticas y procedimientos podrán prever que, en casos excepcionales, las empresas no completen la debida diligencia cuando adviertan que de hacerlo se estaría alertando al cliente, debiendo reportar dicha situación a la Unidad de Información y Análisis Financiero en forma inmediata. Disposición Transitoria: Las empresas dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 73 (IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE CLIENTES). Las empresas no podrán tramitar transacciones sin la debida identificación de sus clientes, debiendo recabar información para establecer y registrar por medios eficaces su identidad, así como el propósito y naturaleza de la relación de negocios. No se deberá establecer una relación definitiva hasta tanto no se haya verificado de manera satisfactoria la identidad del cliente, para lo cual deberán considerar el resultado de la evaluación de riesgo realizada. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY La referida verificación podrá realizarse luego de iniciada la relación comercial siempre que sea necesario para no interrumpir el curso normal de la actividad. A tales efectos, las empresas dispondrán de un plazo máximo de 60 (sesenta) días contados desde el inicio del vínculo, período durante el cual deberán realizar un monitoreo más intenso de las transacciones del cliente. Disposición Transitoria: Las empresas dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuarse a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 74 (IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO FINAL). Las empresas deberán recabar información para establecer y registrar por medios eficaces la identidad del beneficiario final así como verificar su identidad. Los procedimientos de verificación de identidad deberán considerar el resultado de la evaluación de riesgo realizada. Se exceptúa de la obligación de identificar al beneficiario final cuando se trate de clientes cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de las bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio, o sean propiedad, directa o indirectamente, de sociedades cuyos títulos de participación cumplan con el requisito antes mencionado, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. Dicha excepción aplica únicamente respecto de los títulos que cotizan en bolsa. Se entenderá por beneficiario final a las personas físicas que, directa o indirectamente, posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control. En el caso de los fideicomisos, la obligación establecida en el primer inciso alcanzará a las personas físicas que cumplan con alguna de las condiciones dispuestas en los incisos tercero a quinto en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Disposición Transitoria: Las empresas dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. INCORPORAR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el siguiente artículo: ARTÍCULO 74.1 (INFORMACIÓN MÍNIMA). Las empresas deberán obtener, como mínimo, la siguiente información de cada uno de sus clientes: 1) Personas físicas a) nombre y apellido completo; b) fecha y lugar de nacimiento; c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; d) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; e) estado civil (si está casado o en unión concubinaria reconocida judicialmente, nombre y número del documento de identidad del cónyuge o concubino); f) domicilio y número de teléfono; g) profesión, oficio o actividad principal; h) volumen de ingresos. Se deberán hacer constar expresamente si el cliente está actuando por cuenta propia o en nombre de un tercero y, en este último caso, obtener los mencionados datos respecto del beneficiario final. Asimismo, deberán obtenerse dichos datos respecto de los apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en el literal g). En lo que refiere al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas así como del beneficiario final, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente. 2) Personas jurídicas Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY a) denominación; b) fecha de constitución; c) domicilio y número de teléfono; ) d) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; e) documentación acreditante de la constitución en forma de la respectiva entidad y de sus actuales autoridades y representantes; f) actividad principal; g) volumen de ingresos; h) estructura de propiedad y control de la sociedad, estableciendo quiénes son sus accionistas o propietarios y dejando constancia de quién es el beneficiario final o controlante de la sociedad, si fuera otra persona distinta de las anteriores. La identificación de los accionistas oO propietarios corresponderá toda vez que los mismos posean un porcentaje del capital superior al 15%; ¡) constancia de inscripción en el Registro de beneficiarios finales (Ley Nro. 19.484 del 5 de enero de 2017). Los datos a que refiere el numeral 1) también deberán obtenerse respecto del beneficiario final. Asimismo, se deberán obtener los mencionados datos para las personas físicas que actúen en representación del cliente persona jurídica, así como para los apoderados y autorizados para operar en su nombre frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en el literal g). En lo que respecta al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas físicas así como del beneficiario final, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente. Disposiciones Transitorias: 1) Las empresas dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 2) Transcurrido dicho plazo, dispondrán de los siguientes plazos para cumplir con las modificaciones dispuestas en el presente artículo respecto de los clientes existentes a la fecha de su entrada en vigencia: Tipo de cliente Plazo Clientes que requieren debida diligencia intensificada | 1 año Resto de clientes 6 años Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 6. SUSTITUIR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 75, 76, 77 y 78 por los siguientes: ARTÍCULO 75 (ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE CLIENTES). Las empresas deberán establecer procedimientos que permitan la actualización periódica de la información que posean sobre sus clientes. Dicha actualización deberá contemplar la revisión de la información como mínimo cada 2 (dos) años para aquellos clientes que requieran debida diligencia intensificada. Disposiciones Transitorias: 1) Las empresas dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 2) Transcurrido dicho plazo y en el caso de clientes que requieran debida diligencia intensificada, las empresas dispondrán de un plazo de 2 (dos) años para cumplir con la actualización de la información de acuerdo con lo establecido en este artículo respecto de los existentes a la fecha de su entrada en vigencia. ARTÍCULO 76 (CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN). Las empresas deberán conservar los registros de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, así como toda la información obtenida en el proceso de debida diligencia, por un plazo mínimo de 5 (cinco) años después de terminada la relación comercial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nro. 19.574 del 20 de diciembre de 2017. ARTÍCULO 77 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA). Las empresas deberán aplicar procedimientos de debida diligencia intensificada para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con lo que surja de la evaluación de riesgo realizada por la institución. No obstante, serán considerados como de mayor riesgo: a) las relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no cumplen con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. b) las transacciones de aquellas personas que se vinculen con la entidad a través de operativas en las que no sea habitual el contacto personal como en el caso de clientes que realizan operaciones a través de modalidades operativas que, utilizando tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda favorecer el anonimato de clientes. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy c) BANCO CENTRAL DEL URUGUAY las personas políticamente expuestas así como sus familiares y asociados cercanos. d) todas aquellas operaciones que se realizan en circunstancias inusuales e) f) conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. los clientes que han contratado seguros de vida con prima anual mayor a U$S 10.000 (dólares estadounidenses diez mil) o su equivalente en otras monedas y los de prima única mayor a U$S 200.000 (dólares estadounidenses doscientos mil) o su equivalente en otras monedas. seguros de caución que presenten una complejidad inusitada en su estructuración o cuando alguna de las partes sea una persona no residente. En aplicación de los procedimientos de debida diligencia intensificada, las empresas deberán: .. ll. obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer o continuar una relación con este tipo de clientes. elaborar un informe circunstanciado en el que se incluirá el perfil de actividad asignado para monitorear adecuadamente las transacciones del cliente y se explicitarán todos los elementos que hayan sido considerados para determinar dicho perfil. El informe deberá estar adecuadamente respaldado por documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. A estos efectos, se deberá contar con estados contables con informe de Contador Público, declaraciones de impuestos, estados de responsabilidad, actas de distribución de utilidades, contratos de compraventa u otra documentación que permita cumplir con lo señalado precedentemente. No obstante ello, en todos los casos se deberá contar con copias de las declaraciones juradas o documentación equivalente presentadas ante la administración tributaria correspondiente, en el caso de clientes que han contratado seguros de vida en los términos del literal e). En el caso de las personas comprendidas en el literal c) cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de actividad, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dólares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalente en otras monedas, o realicen transacciones por hasta dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo se requerirá la documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el volumen acumulado de transacciones. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY iii. aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente. iv. realizar un monitoreo más intenso de la relación comercial, incrementando la cantidad y frecuencia de los controles aplicados. Disposiciones Transitorias: 1) Las empresas dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 2) Transcurrido dicho plazo, dispondrán de 1 año para cumplir con las modificaciones dispuestas en el presente artículo respecto de los clientes existentes a la fecha de su entrada en vigencia. ARTÍCULO 78 (TRANSACCIONES CON PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL). Se consideran países o territorios que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional aquellos que: í. no sean miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza, tales como: (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Grupo de prevención del blanqueo de capitales de África del Sur y del Este (MENAFATF), y Grupo Asia/ Pacífico en materia de blanqueo de capitales (APG), etc.; o ii. estén siendo objeto de medidas especiales por parte de alguno de los grupos mencionados en el literal anterior por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente. Los resultados del análisis efectuado para determinar el carácter legítimo de dichas transacciones con personas y empresas - incluidas las instituciones financieras- residentes en los países o a que refieren los numerales ¡) y ¡i) deberán plasmarse por escrito y mantenerse a disposición del Banco Central del Uruguay. . INCORPORAR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el siguiente artículo: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ARTÍCULO 78.1 (PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS). Se entiende por “personas políticamente expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras instituciones públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. Las empresas deberán contar con procedimientos que les permitan determinar cuando un cliente o beneficiario final es persona políticamente expuesta, familiar o asociado cercano de una persona políticamente expuesta. . SUSTITUIR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 79 por el siguiente: ARTÍCULO 79 (SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS PARA PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). La utilización de servicios de terceros para realizar los procedimientos de debida diligencia requerirá la autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros en forma previa a efectuar dicha contratación y deberá cumplir con lo siguiente: 1) Los terceros estarán obligados a aplicar los procedimientos de debida diligencia de clientes establecidos por la institución. 2) La institución deberá obtener y conservar la información y documentación relativa a la identificación y conocimiento del cliente en todos los casos, tal como si los procedimientos de debida diligencia hubieran sido completados directamente por ésta. 3) La institución mantendrá en todo momento la responsabilidad final por la adecuada identificación y conocimiento de los mismos, debiendo verificar Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY la adecuada aplicación de sus procedimientos a los clientes cuya debida diligencia sea realizada por un tercero. 4) No podrán utilizarse los servicios de terceros para la realización del monitoreo de transacciones a los efectos de detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Se consideran autorizadas aquellas tercerizaciones de procedimientos de debida diligencia con clientes que cumplan con lo dispuesto en los numerales 1) a 4) precedentes y los requerimientos que se detallan a continuación: a. El tercero que preste el servicio podrá ser un intermediario de seguros del país con el que la empresa aseguradora o reaseguradora mantenga vínculos o un tercero que deberá estar inscripto ante el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras, y ser regulado y supervisado o monitoreado por éste, especialmente en cuanto al cumplimiento de los requisitos de debida diligencia de clientes y mantenimiento de registros, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. b. El tercero que preste el servicio deberá estar radicado en un país que no esté siendo objeto de medidas especiales por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que no esté incluido en la lista de países que no cumplen con los criterios de transparencia y cooperación en materia fiscal emitida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Cc. Los servicios a tercerizar deberán estar detallados en un contrato entre las partes el que deberá contener, como mínimo, las siguientes cláusulas: c.1. la obligación del tercero contratado de verificar la identidad del potencial cliente o, en su defecto, establecer que dicha verificación la realizará la propia institución. c.2. la documentación necesaria para verificar la identidad del cliente. c.3. la información y documentación financiera que el tercero deberá relevar para obtener adecuado conocimiento de la actividad económica desarrollada por el potencial cliente, y la forma en que se verificará la misma. c.4. la documentación que deberá completar y suscribir el cliente dependiendo del servicio a prestar por la institución una vez aceptado (contratos, formularios de conocimiento del cliente para nuevas vinculaciones o actualización de información, etc.). Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY c.5. la obligación del tercero contratado de poner en conocimiento del potencial cliente que no se iniciará ningún vínculo comercial en tanto la entidad no lo acepte formalmente. c.6. compromisos de confidencialidad y protección de datos personales. La información y documentación mencionadas en los literales c.2 a c.4 deberá ser consistente con las requeridas por la institución para el resto de sus clientes, de acuerdo con el perfil de los mismos. d. La institución deberá: d.1 mantener en sus oficinas información suficiente y actualizada que acredite la idoneidad y antecedentes del tercero contratado, así como una declaración del mismo acerca del personal que realizará la debida diligencia, que acredite que conoce la regulación vigente en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo aplicable a la institución contratante y los procedimientos de debida diligencia a aplicar. La información y documentación mencionadas deberán actualizarse como mínimo cada 2 (dos) años. d.2 contar con un listado de clientes cuya debida diligencia fue realizada por un tercero. Disposición Transitoria: Las empresas dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuarse a los requerimientos establecidos en este artículo para que dicha tercerización quede autorizada. 9. DEROGAR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 80. 10. SUSTITUIR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro |ll — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 81 por el siguiente: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy 1. 12. BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ARTÍCULO 81 (CONFIDENCIALIDAD). Las empresas no podrán poner en conocimiento de las personas involucradas ni de terceros, las actuaciones e informes que ellas realicen o produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en respuesta a una solicitud de información que le haya formulado la Unidad de Información y Análisis Financiero. INCORPORAR en el Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro lll — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el Capítulo 11 BIS — Procedimientos de debida diligencia simplificada. INCORPORAR en el Capítulo Il BIS -— Procedimientos de debida diligencia simplificada, del Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro lll — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los siguientes artículos: ARTICULO 83.1 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA APLICABLES A CONTRATOS DE SEGUROS OBLIGATORIOS, DE VENTA MASIVA Y SEGUROS COLECTIVOS) Las empresas podrán aplicar procedimientos de debida diligencia simplificada cuando se trate de clientes que contraten —exclusivamente- los seguros que se indican a continuación: - seguros obligatorios, - seguros de venta masiva comercializados por vía telefónica o medios digitales, siempre que el valor acumulado de las primas de un mismo cliente, considerado en forma anual, no supere los U$S 200 (dólares estadounidenses doscientos) o su equivalente en otras monedas. - seguros colectivos, siempre que el valor acumulado de las primas por persona, considerado en forma anual, no supere los U$S 200 (dólares estadounidenses doscientos) o su equivalente en otras monedas. Los referidos procedimientos que se aplicarán respecto de tomadores, asegurados y beneficiarios de la póliza, se limitarán a: 1. Recabar información y documentación que, a juicio de la empresa, se requiera desde el punto de vista comercial. 2. Determinar cuando un cliente es una persona políticamente expuesta. 3. Verificar que no figuren en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva. 4. Conservar la información en los términos del artículo 76. Cuando se modifiquen las referidas condiciones, las instituciones deberán aplicar los procedimientos de debida diligencia adicionales que correspondan según lo establecido en el Capítulo 11. Disposición Transitoria: Las empresas dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 83.2 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA APLICABLES A SEGUROS QUE CUMPLAN DETERMINADAS CONDICIONES). Las empresas podrán aplicar procedimientos de debida diligencia simplificada en caso de seguros que cumplan las condiciones que se establecen a continuación: ¡. Cuando el valor acumulado de las primas de un mismo cliente, considerado en forma anual, no supera los U$S 5.000 (dólares estadounidenses cinco mil) o su equivalente en otras monedas, siempre que la prima anual de los seguros de vida de dicho cliente, en caso de corresponder, no supere los U$S 2.500 (dólares estadounidenses dos mil quinientos) o su equivalente en otras monedas. ii. Cuando se trate de seguros cuyos tomadores sean instituciones supervisadas por el Banco Central del Uruguay. iii, Cuando se trata de seguros cuyos tomadores sean organismos estatales. Los referidos procedimientos que se aplicarán respecto de tomadores, asegurados y beneficiarios de la póliza, se limitarán a: 1. Recabar información y documentación que se indica a continuación: - Personas físicas a) nombre y apellido completo; b) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; c) domicilio y número de teléfono. - Personas jurídicas a) denominación; b) domicilio y número de teléfono; Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY c) número de inscripción en el Registro Único Tributario o en el organismo tributario correspondiente; d) identificación de la persona física que realiza la operación en los términos precedentes, acreditando además su calidad de representante. 2. Determinar cuando un cliente es una persona políticamente expuesta. 3. Verificar que no figuren en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva. 4. Monitorear que los seguros operen dentro de las condiciones definidas en los literales i. a ii. 5. Conservar la información en los términos del artículo 76. Cuando se modifiquen las referidas condiciones, las instituciones deberán aplicar los procedimientos de debida diligencia adicionales que correspondan según lo establecido en el Capítulo 11. Disposición Transitoria: Las empresas dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 13. SUSTITUIR en el Capítulo 11! — Reportes, del Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 84 por el siguiente: ARTÍCULO 84 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Las empresas estarán obligados a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones, realizadas o no, que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aun involucrando activos de origen lícito - se sospeche que están vinculadas a personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a financiar cualquier actividad terrorista. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y aun cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la entidad ya sea porque el cliente desistió de realizarla o porque la institución resolvió no dar curso a la misma. La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero a esos efectos. 14. INCORPORAR en el Capítulo 111 — Reportes, del Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el siguiente artículo: ARTÍCULO 84.1 (DEBER DE INFORMAR SOBRE BIENES VINCULADOS CON EL TERRORISMO). Las empresas deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: ¡. haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva; ii. haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. 15. DEROGAR en el Título | - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro lll — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el Capítulo IV — Otras disposiciones y el artículo 86 en el contenido. 16. SUSTITUIR en la Sección | — Información y documentación — Condiciones y formas de resguardo, del Capítulo Il — Información y documentación, del Título | - Registros, documentación y conservación de información, del Libro VI - Información y documentación, el artículo 120.4 por el siguiente: ARTÍCULO 120.4 (RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN). Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán implementar procedimientos de resguardo de toda la documentación emitida respaldante de las informaciones y Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY registros contables a que refiere el artículo 120.3. 17. SUSTITUIR en la Sección Il — Conservación y reproducción de documentos, del Título | - Registros, documentación y conservación de información, del Libro VI — Información y documentación, el artículo 120.10 por el siguiente: ARTÍCULO 120.10 (CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS). Las empresas aseguradoras y reaseguradoras pueden, bajo su exclusiva responsabilidad, optar por los procedimientos que estimen más convenientes para la conservación, guarda o archivo de la documentación emitida y de las informaciones obtenidas o elaboradas en cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia de clientes. Sin perjuicio de lo anterior, la tecnología a aplicar será válida en la medida en que se satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 120.7. Toda documentación original cuya reproducción se admita y que haya sido realizada según lo establecido en el presente régimen, previo a su destrucción física deberá ser puesta a disposición de los interesados mediante notificación fehaciente por el término de 6 (seis) meses a contar desde dicha notificación. Se admitirá como medio fehaciente de notificación el emplazamiento genérico realizado a través de la publicación en el Diario Oficial y en otro diario de los de mayor circulación nacional. JUAN PEDRO CANTERA Superintendente de Servicios Financieros 2018/02397 Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy

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