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Artículo 2312RECOPILACION DE NORMAS DEL MERCADO DE VALORES - ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA LEY NRO. 19.574

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Montevideo, 10 de diciembre de 2018 CIRCULAR N? 2.312 Ref: RECOPILACION DE NORMAS DEL MERCADO DE VALORES - ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA LEY NRO. 19.574 Y SU MODIFICATIVA Y A LAS RECOMENDACIONES DEL GAH!I. Se pone en conocimiento que la Superintendencia de Servicios Financieros adoptó con fecha 23 de noviembre 2018, la resolución que se transcribe a continuación: 1. SUSTITUIR en el Capítulo | - Sistema integral de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título | - Prevención del uso de los intermediarios de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro 1!l- Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 185, 186, 187 y 188 por los siguientes: ARTÍCULO 185 (SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán implantar un sistema integral para prevenirse de ser utilizados en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes. La aplicación del mismo deberá extenderse a toda la organización incluyendo a sus sucursales y subsidiarias, en el país y en el exterior. En tal caso, las instituciones deberán verificar que sus sucursales o subsidiarias en el exterior apliquen adecuadamente todas las medidas de prevención y control previstas por dicho sistema integral. Cuando los requios mínimos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo del país sede de la sucursal o subsidiaria sean menos estrictos que los de nuestro país, las instituciones deberán asegurarse que éstas implementen los requisitos de nuestro país, en la medida en que lo permita la normativa del país sede. Si dicho país no permite su implementación, las instituciones deben aplicar medidas adicionales Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY apropiadas para manejar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo e informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero. La dirección de las instituciones debe mostrar total compromiso con el funcionamiento del sistema preventivo, estableciendo políticas y procedimientos apropiados y asegurando su efectividad. A los fiduciarios financieros les será aplicable lo dispuesto en el presente Libro en la medida que se constituyan como administradoras de fondos de inversión. Las instituciones de intermediación financiera se regirán por lo dispuesto en la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. ARTÍCULO 186 (COMPONENTES DEL SISTEMA). El sistema exigido por el artículo 185 deberá incluir los siguientes elementos: a. Políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que permitan prevenir, detectar y reportar a las autoridades competentes las transacciones que puedan estar relacionadas con dichos delitos. A esos efectos, los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán: i. ¡identificar los factores de riesgo (productos, servicios, clientes, zonas geográficas y canales de distribución) asociados a sus distintas líneas de actividad, ii. evaluar sus posibilidades de ocurrencia e impacto, iii. implementar medidas de control adecuadas para mitigar los diferentes tipos y niveles de riesgo identificados, iv. monitorear en forma permanente los resultados de los controles aplicados y su grado de efectividad, para detectar aquellas operaciones que resulten inusuales o sospechosas y corregir las deficiencias existentes en el proceso de gestión del riesgo, y v. documentar las evaluaciones de riesgo realizadas de forma tal de poder demostrar sus bases, mantenerlas actualizadas y contar con los mecanismos apropiados para suministrar información acerca de dicha evaluación de riesgo cuando le sea requerida. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY b. Políticas y procedimientos con respecto al personal que procuren: ¡. Un alto nivel de integridad del mismo. Se deberán considerar aspectos tales como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo. ii. Una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la forma de proceder en cada situación. c. Un Oficial de Cumplimiento que será el responsable de la implantación, el seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema, debiendo promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos aplicados por la institución. Además, será el funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. También será responsable de documentar en forma adecuada la evaluación de riesgos realizada por la institución y los procedimientos de control establecidos para mitigarlos, conservando la información sobre los controles, análisis de operaciones y otras actividades desarrolladas por los integrantes del área a su cargo. ARTÍCULO 187 (CÓDIGO DE CONDUCTA). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán adoptar un código de conducta, aprobado por su máximo órgano ejecutivo con notificación a sus propietarios, que refleje el compromiso institucional asumido a efectos de evitar el uso del mercado de valores para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y en el que se expongan las normas éticas y profesionales que, con carácter general, rigen sus acciones en la materia. Dicho compromiso alcanzará, en el caso de las administradoras de fondos de inversión, a los fondos y los fideicomisos que administran. El referido código también deberá ser aprobado por la Bolsa de Valores que agrupe a los intermediarios de valores, si correspondiera. El código de conducta deberá ser debidamente comunicado y aplicado por todo el personal. A estos efectos resultan de aplicación las normas contenidas en los artículos 252 a 253.1. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ARTÍCULO 188 (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). El Oficial de Cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal superior, pudiendo ser desempeñada la función por uno de los propietarios de la empresa. Debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, jerarquía dentro de la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en forma autónoma y eficiente. SUSTITUIR en el Capítulo |l - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de los intermediarios de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro I!ll- Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 189 y 190 por los siguientes: ARTÍCULO 189 (POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán definir políticas y procedimientos de debida diligencia que deberán aplicarse a todos los nuevos clientes y asimismo, a los clientes existentes, que les permitan obtener un adecuado conocimiento de los mismos, así como del beneficiario final, prestando especial atención al volumen y a la índole de los negocios u otras actividades económicas que los clientes desarrollen. Cuando las administradoras de fondos de inversión actúan en calidad de fiduciarias, se entenderá por clientes no sólo a los cuotapartistas, fideicomitentes y beneficiarios de los fideicomisos que administran sino también a todas aquellas personas de las cuales reciben fondos para dichos fideicomisos. Las instituciones no establecerán relaciones de negocios ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia antes referidos. Cuando se aprecie esta posibilidad en el curso de la relación de negocios, las instituciones pondrán fin a la misma, procediendo a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información y Análisis Financiero de acuerdo con la normativa en la materia. Las políticas y procedimientos definidos por la institución deberán contener, como mínimo: a. Medidas razonables para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información acerca de la verdadera identidad del cliente así como de la persona en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleve a cabo una transacción. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY b. Procedimientos para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información relativa a la actividad económica desarrollada por el cliente, que permitan justificar adecuadamente la procedencia de los fondos manejados. c. Reglas claras de aceptación de clientes, definidas en función de factores de riesgo tales como: país de origen, nivel de exposición política, tipo de negocio o actividad, personas vinculadas, tipo de producto requerido, volumen de operaciones, etc., que contemplen mecanismos especiales de análisis y requisitos de aprobación más rigurosos para las categorías de clientes de mayor riesgo. d. Sistemas de monitoreo de transacciones que permitan detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Las políticas y procedimientos a aplicar deberán considerar la categoría de riesgo del cliente y aquellas situaciones especiales que requieran una debida diligencia intensificada. Asimismo, las políticas y procedimientos podrán prever que, en casos excepcionales, las instituciones no completen la debida diligencia cuando adviertan que de hacerlo se estaría alertando al cliente, debiendo reportar dicha situación a la Unidad de Información y Análisis Financiero en forma inmediata. ARTÍCULO 190 (IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión no podrán tramitar transacciones sin la debida identificación de sus clientes, sean éstos minoristas o mayoristas. A tales efectos deberán recabar información para establecer y registrar por medios eficaces la identidad de sus clientes, así como el propósito y naturaleza de la relación de negocios. No se deberá establecer una relación definitiva hasta tanto no se haya verificado de manera satisfactoria su identidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 190.1. INCORPORAR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de los intermediarios de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro I!ll- Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los siguientes artículos: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ARTÍCULO 190.1 (PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE CLIENTES). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán instrumentar los procedimientos que estimen más eficaces para verificar la identidad de sus clientes antes de establecer una relación definitiva con éstos, para lo cual deberán considerar el resultado de la evaluación de riesgo realizada. Dichos procedimientos deberán contemplar el contacto personal (presencia física) en los siguientes casos: a) Clientes que realizan una actividad económica. Se consideran incluidos en esta definición a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras, profesionales, etc. Cuando se trate de clientes cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de actividad, alcancen importes superiores a U$S 1.500.000 (dólares estadounidenses un millón quinientos mil) o su equivalente en otras monedas, o realicen transacciones por dicho monto en el transcurso de un año calendario, la identidad del cliente deberá verificarse mediante el contacto personal con el titular, representante o apoderado, realizado por la institución o por terceros en el marco de lo dispuesto en el artículo 198. En el caso de clientes que, sin cumplir con la condición establecida en el párrafo precedente, sus transacciones anuales alcancen -de acuerdo con su perfil de actividad- importes superiores a U$S 120.000 (dólares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalente en otras monedas, o realicen transacciones por dicho monto en el transcurso de un año calendario, la verificación antes mencionada también podrá ser realizada por otra entidad financiera local o del exterior inscripta ante el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras, o por un escribano o quien cumpla esta función en el exterior, debiéndose obtener la correspondiente certificación de que dicho contacto fue realizado. b) Clientes que no realizan una actividad económica. Se consideran incluidos en esta definición a las personas físicas y jurídicas no comprendidas en el literal a), incluyendo a las sociedades que se utilicen como vehículo de inversión, las sociedades cuya principal o única función es la de tener o administrar la propiedad de otras sociedades o compañías, los fideicomisos, entre otros. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Cuando se trate de clientes cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de actividad, alcancen importes superiores a U$S 500.000 (dólares estadounidenses quinientos mil) o su equivalente en otras monedas, en el caso de no residentes o importes superiores a U$S 1.000.000 (dólares estadounidenses un millón) o su equivalente en otras monedas, tratándose de residentes, o realicen transacciones por dicho monto — según corresponda - en el transcurso de un año calendario, la identidad del cliente deberá verificarse mediante el contacto personal con alguno de los beneficiarios finales, realizado por la institución o por terceros en el marco de lo dispuesto en el artículo 198, debiendo constar que se mantuvo dicho contacto en la copia del documento de identificación utilizado como medio de verificación. En el caso de clientes que, sin cumplir con la condición establecida en el párrafo precedente, sus transacciones anuales alcancen —-de acuerdo con su perfil de actividad- importes superiores a U$S 120.000 (dólares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalente en otras monedas, o realicen transacciones por dicho monto en el transcurso de un año calendario, la verificación antes mencionada también podrá ser realizada por otra entidad financiera local o del exterior inscripta ante el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras, o por un escribano o quien cumpla esta función en el exterior, debiéndose obtener la correspondiente certificación de que dicho contacto fue realizado. Cuando las sociedades administradoras de fondos de inversión actúen en calidad de fiduciarias, el requerimiento de verificación de identidad mediante contacto personal alcanzará al menos a los fideicomitentes y beneficiarios de los fideicomisos que administran. En todos los casos, cuando se trate de personas físicas residentes, la verificación de la identidad mediante contacto personal podrá ser realizada por un Prestador de Servicios de Confianza (artículo 31 de la Ley Nro. 18.600 de 21 de setiembre de 2009 en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley Nro. 19.535 de 25 de setiembre de 2017), de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. A efectos de determinar los umbrales establecidos precedentemente, se considerará el monto total a ingresar o ingresado a la cuenta. Los procedimientos de verificación de la identidad de clientes podrán aplicarse luego de iniciada la relación comercial siempre que sea necesario para no interrumpir el curso normal de la actividad. Se dispondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días contados desde el inicio del vínculo o de que se cumpla con las condiciones enumeradas precedentemente, período durante el cual deberán realizar un monitoreo más intenso de las transacciones del cliente. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Disposiciones Transitorias: 1) Las instituciones dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 2) Transcurrido dicho plazo, dispondrán de un plazo de 12 (doce) meses para adecuar la verificación realizada de la identidad de los clientes a lo dispuesto en este artículo, únicamente cuando a la fecha de su entrada en vigencia cumplan las siguientes condiciones: e Clientes residentes que tengan una antigúedad menor a 3 años y transacciones mayores a U$S 1.500.000 (dólares estadounidenses un millón quinientos mil) o su equivalente en otras monedas. e Clientes no residentes que tengan una antigúedad menor a 3 años y transacciones mayores a U$S 1.000.000 (dólares estadounidenses un millón) o su equivalente en otras monedas. ARTÍCULO 190.2 (IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO FINAL). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán recabar información para establecer y registrar por medios eficaces la identidad del beneficiario final así como verificar su identidad. Los procedimientos de verificación de identidad deberán considerar el resultado de la evaluación de riesgo realizada y contemplar el contacto personal cuando se cumpla con lo establecido en el artículo 190.1. Se exceptúa de la obligación de identificar al beneficiario final cuando se trate de clientes, cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de las bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio, o sean propiedad, directa o indirectamente, de sociedades cuyos títulos de participación cumplan con el requisito antes mencionado, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. Dicha excepción aplica únicamente respecto de los títulos que cotizan en bolsa. Se entenderá por beneficiario final a las personas físicas que, directa oO indirectamente, posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control. En el caso de los fideicomisos, la obligación establecida en el primer inciso alcanzará a las personas físicas que cumplan con alguna de las condiciones dispuestas en los incisos tercero a quinto en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Adicionalmente, cuando se trate de personas que en forma habitual manejen fondos de terceros, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 197. SUSTITUIR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de los intermediarios de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 191 por el siguiente: ARTÍCULO 191 (INFORMACIÓN MÍNIMA). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán llevar el Registro de Clientes que contendrá la totalidad de las Fichas de los mismos, las cuales deben incluir como mínimo, los siguientes datos: ¡. Clientes mayoristas 1. Personas físicas a) nombre y apellido completo; b) fecha y lugar de nacimiento; c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; d) número de inscripción en el Registro Único Tributario o en el organismo tributario correspondiente; e) estado civil (si está casado o en unión concubinaria reconocida judicialmente, nombre y número del documento de identidad del cónyuge o concubino); f) domicilio y número de teléfono; g) profesión, oficio o actividad principal; h) volumen de ingresos. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Se deberá hacer constar expresamente si el cliente está actuando por cuenta propia o en nombre de un tercero y, en este último caso, obtener los mencionados datos respecto del beneficiario final. Asimismo, los referidos datos deberán obtenerse respecto de: a. todos los titulares de la cuenta, b.los apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en el literal g). En lo que refiere al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas así como del beneficiario final, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los ingresos de la cuenta o de los fondos manejados por el cliente. 2. Personas jurídicas a) denominación; b) fecha de constitución; c) domicilio y número de teléfono; d) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; e) documentación acreditante de la constitución en forma de la respectiva entidad y de sus actuales autoridades y representantes; f) actividad principal; g) volumen de ingresos h) estructura de propiedad y control de la sociedad, estableciendo quiénes son sus accionistas o propietarios y dejando constancia de quién es el beneficiario final o controlante de la sociedad, si fuera otra persona distinta de las anteriores. La identificación de los accionistas o propietarios corresponderá toda vez que los mismos posean un porcentaje del capital superior al 15%; ¡) constancia de la inscripción en el Registro de beneficiarios finales (Ley Nro. 19.484 del 5 de enero de 2017). Los datos a que refiere el numeral 1) también deberán obtenerse respecto del beneficiario final. Asimismo, se deberán obtener los mencionados datos para las personas físicas que actúen en representación del cliente persona jurídica, así como para los apoderados y autorizados para operar en su nombre frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en el literal g). Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY En lo que respecta al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas físicas así como del beneficiario final, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los ingresos de la cuenta o de los fondos manejados por el cliente. ii. Clientes minoristas Para aquellos clientes que realicen transacciones ocasionalmente, incluyendo transferencias de custodias, por un monto individual o acumulado inferior a U$S 15.000 (dólares estadounidenses quince mil) o su equivalente en otras monedas, se solicitará la siguiente información: 1. Personas físicas a. b. Cc. nombre y apellido completo; copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; domicilio y número de teléfono. Personas jurídicas Tp denominación; domicilio y número de teléfono. número de inscripción en el Registro Unico Tributario, si correspondiera dicha inscripción; identificación de la persona física que realiza la operación en los términos previstos por el numeral 1) anterior, acreditando además su calidad de representante. Disposiciones Transitorias: 1) Las instituciones dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 2) Transcurrido dicho plazo, dispondrán de los siguientes plazos para cumplir con las modificaciones dispuestas en el presente artículo respecto de los clientes existentes a la fecha de su entrada en vigencia Tipo de cliente Plazo Clientes de mayor riesgo l año Clientes que operen por montos significativos 2 años Clientes de riesgo medio 2 años Clientes de menor riesgo 6 años Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy 5. BANCO CENTRAL DEL URUGUAY INCORPORAR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de los intermediarios de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill- Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el siguiente artículo: ARTÍCULO 191.1 (ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE CLIENTES). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán establecer procedimientos que permitan la actualización periódica de la información que poseen sobre sus clientes. Dicha actualización deberá contemplar la revisión de la información como mínimo cada 3 (tres) años para aquellos clientes de riesgo medio. En el caso de los clientes que operen por montos significativos la periodicidad de la actualización no podrá ser mayor a 2 (dos) años, mientras que para aquellos considerados de mayor riesgo o no podrá ser superior a 1 (un) año. Para los clientes de menor riesgo los procedimientos deberán prever que la actualización deberá realizarse también en forma aperiódica, cuando los sistemas de monitoreo detecten patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Disposiciones Transitorias: 1) Las instituciones dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 2) Transcurrido dicho plazo, dispondrán de los siguientes plazos para cumplir con la actualización de la información de acuerdo con lo establecido en este artículo respecto de los clientes existentes a la fecha de su entrada en vigencia: Tipo de cliente Plazo Clientes de mayor riesgo l año Clientes que operen por montos significativos 2 años Clientes de riesgo medio 2 años SUSTITUIR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de los intermediarios de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill- Protección del sistema Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY financiero contra actividades ilícitas, los artículos 192, 193, 194, 195, 196 y 197 por los siguientes: ARTÍCULO 192 (CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán conservar los registros de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, así como toda la información obtenida en el proceso de debida diligencia, por un plazo mínimo de 5 (cinco) años después de terminada la relación comercial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nro. 19.574 del 20 de diciembre de 2017. ARTÍCULO 193 (PERFIL DE ACTIVIDAD DEL CLIENTE). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán determinar el perfil de actividad de sus clientes a efectos de monitorear adecuadamente sus transacciones. ARTÍCULO 194 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán aplicar procedimientos de debida diligencia intensificada para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con lo que surja de la evaluación de riesgo realizada por la institución. No obstante, serán considerados como de mayor riesgo: a) las relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no cumplen con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. b) las transacciones de aquellas personas que se vinculen con la entidad a través de operativas en las que no sea habitual el contacto personal como en el caso de los clientes que realizan operaciones a través de modalidades operativas que, utilizando tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda favorecer el anonimato de los clientes. c) las personas políticamente expuestas así como sus familiares y asociados cercanos. d) todas aquellas operaciones que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. En aplicación de los procedimientos de debida diligencia intensificada, las instituciones deberán: i. Obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer o continuar una relación con este tipo de clientes. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY elaborar un informe circunstanciado en el que se explicitarán todos los elementos que hayan sido considerados para elaborar su perfil de actividad. El informe deberá estar adecuadamente respaldado por documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. A estos efectos se deberá contar con estados contables con informe de Contador Público, declaraciones de impuestos, estados de responsabilidad, actas de distribución de utilidades, contratos de compraventa u otra documentación que permita cumplir con lo señalado precedentemente. No obstante ello, en todos los casos se deberá contar con copias de las declaraciones juradas o documentación equivalente presentadas ante la administración tributaria correspondiente. Se exceptúa de esta exigencia cuando se trate deservicios de referenciamiento, asesoramiento y gestión de portafolios brindados a clientes no residentes de instituciones financieras del exterior que estén sujetas a regulación y supervisión siempre que: - —noreciban de dichos clientes - a cualquier título- sumas de dinero, títulos valores o metales preciosos, - las instituciones se aseguren que la presentación de la referida documentación no es un requisito establecido por el regulador financiero de la institución financiera del exterioren sus normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y - se obtenga una constancia emitida por la Administración Tributaria correspondiente o una carta emitida por un profesional o por los representantes del cliente indicando que se encuentra al día con sus obligaciones tributarias. En el caso de las personas comprendidas en el literal c) cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de actividad, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dólares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalente en otras monedas, o realicen transacciones por hasta dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo se requerirá la documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el monto total a ingresar o ingresado a la cuenta. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY iii. aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191.1. iv. realizar un monitoreo más intenso de la relación comercial, incrementando la cantidad y frecuencia de los controles aplicados. Para aquellos clientes que operen por montos significativos también deberá cumplirse con lo dispuesto en los numerales ii. y iii. El umbral para determinar aquellos clientes que operen por montos significativos será definido por cada institución considerando elementos tales como: i. el mantenimiento de fondos bajo manejo superiores a un importe determinado; ii. cliente mayorista que ingrese fondos extraordinarios a su cuenta o tramite transacciones por importes superiores a un valor mínimo establecido para un período determinado, independientemente del perfil de actividad que se le hubiera asignado; iii. cliente minorista que propone realizar una transacción que supera un importe establecido. Disposiciones Transitorias: 1) Las instituciones dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 2) Transcurrido dicho plazo, dispondrán de los siguientes plazos para cumplir con las modificaciones dispuestas en el presente artículo respecto de los clientes existentes a la fecha de su entrada en vigencia: Tipo de cliente Plazo Clientes de mayor riesgo l año Clientes que operen por montos significativos 2 años ARTÍCULO 195 (TRANSACCIONES CON PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL). Se consideran países o territorios que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional aquellos que: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY í. no sean miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza, tales como: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Grupo de prevención del blanqueo de capitales de Africa del Sur y del Este (MENAFATF) y Grupo Asia/Pacífico en materia de blanqueo de capitales (APG), etc.; o ii. estén siendo objeto de medidas especiales por parte de alguno de los grupos mencionados en el literal anterior por no aplicar las recomendaciones del GAFl| o no aplicarlas suficientemente. Los resultados del análisis efectuado para determinar el carácter legítimo de las transacciones con personas y empresas - incluidas las instituciones financieras - residentes en los países o a que refieren los numerales ¡) y ii) deberán plasmarse por escrito y mantenerse a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros. ARTÍCULO 196 (PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS). Se entiende por “personas políticamente expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán contar con procedimientos que les permitan determinar cuando un cliente o beneficiario final es persona políticamente expuesta, familiar o asociado cercano de una persona políticamente expuesta. ARTÍCULO 197 (CUENTAS ABIERTAS O TRANSACCIONES RELACIONADAS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE MANEJEN FONDOS DE TERCEROS). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán contar con procedimientos efectivos para detectar todas las cuentas abiertas o transacciones cursadas por personas físicas o jurídicas que en Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY forma habitual manejen fondos de terceros, y realizar un adecuado monitoreo de sus operaciones. En aquellos casos en que las instituciones lo consideren necesario en función de la evaluación de riesgo realizada, deberán identificar al beneficiario final de las transacciones y obtener información sobre el origen de los fondos. Sin perjuicio de ello, deberán observar los preceptos enunciados a continuación en función del tipo de cliente de que se trate: a) Clientes no sujetos a regulación y supervisión financiera Se consideran incluidos en esta definición los clientes que manejen en forma habitual fondos de terceros provenientes o relacionados con el desarrollo de las siguientes actividades profesionales, financieras, comerciales o de ahorro: e Compraventa, construcción, promoción, inversión o administración de bienes inmuebles, e Compraventa de establecimientos comerciales, e Administración o custodia de dinero, cuentas bancarias, valores u otros activos, e Inversiones o transacciones financieras en general, e Creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos, e Operaciones de comercio exterior, en las que se realicen pagos o cobros por cuenta de terceros. Quedan exceptuadas las transacciones o las cuentas que involucren fondos de terceros únicamente por concepto de honorarios profesionales o comisiones del titular. La actividad de estos clientes será considerada como de mayor riesgo y serán de aplicación procedimientos de debida diligencia intensificados en los siguientes casos: i)Clientes que realicen transacciones por importes superiores a U$S 600.000 (dólares estadounidenses seiscientos mil) o su equivalente en otras monedas, en un año calendario. A estos efectos, se considerará el monto total ingresado a la cuenta y, en el caso de transacciones no asociadas a una cuenta, su volumen acumulado excluyendo aquellas relacionadas a otra operación. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Los procedimientos para monitorear la actividad del cliente deberán permitir que la institución realice también un monitoreo de las operaciones acumuladas del tercero cuyos fondos son manejados por el cliente e identificar posibles estratificaciones. Se deberá identificar al beneficiario final de todas las operaciones superiores a U$S 10.000 (dólares estadounidenses diez mil) o su equivalente en otras monedas, o en su defecto, definir procedimientos alternativos que posibiliten dicha identificación, tal como, la recepción de reportes periódicos, en los que el cliente declare los montos de las transacciones realizadas en un período determinado, por cada uno de los diferentes beneficiarios finales de las operaciones. La identificación del beneficiario final deberá realizarse - como mínimo - con el nombre y apellido completo, copia del documento de identidad y domicilio, o mediante copia de la documentación de respaldo de la transacción que origina los fondos cuando estos datos surjan de la misma. Una vez que un cliente supere el umbral establecido de U$S 600.000 (dólares estadounidenses seiscientos mil) o su equivalente en otras monedas, los procedimientos de debida diligencia intensificados se comenzarán a aplicar en forma inmediata. A partir del año calendario siguiente, estos procedimientos se deberán aplicar desde el inicio del período, salvo en aquellos casos en que la institución pueda establecer fundadamente que el umbral fue superado como producto de operaciones puntuales y que ese no es el perfil esperado de la cuenta. ii) Clientes que realicen transacciones financieras por importes superiores a U$S 50.000 (dólares estadounidenses cincuenta mil) o su equivalente en otras monedas, aunque la operativa acumulada no alcance el umbral mencionado en el literal ¡). Las instituciones deberán identificar los beneficiarios finales en la forma indicada. Adicionalmente a lo establecido en los literales i) y ii), y dependiendo de los montos operados por cada beneficiario final identificado y el riesgo asociado a su operativa, la institución deberá definir requerimientos de información y documentación adicionales para determinar los antecedentes y la actividad económica desarrollada por el tercero cuyos fondos son manejados por el cliente, así como el origen de dichos fondos. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY b) Clientes sujetos a regulación y supervisión financiera Las instituciones aplicarán a estos clientes los procedimientos de debida diligencia referidos en el literal a) precedente, con excepción de los siguientes casos: i) cuando se trate de transacciones relacionadas con instituciones financieras corresponsales del exterior que operen en los términos del artículo 197.1; cuando se trate de transacciones relacionadas con instituciones financieras nacionales o del exterior cuyas políticas y procedimientos de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo hayan sido evaluados favorablemente por la institución. mo .. Na No obstante lo anterior, los procedimientos deberán contemplar el requerimiento de información sobre el cliente y el origen de los fondos en el caso de operaciones que -por su monto, país de origen u otras condiciones- presenten alguna característica de alto riesgo a juicio de la institución. Cuando los intermediarios de valores o las administradoras de fondos de inversión reciban del exterior dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios que no provengan de instituciones de intermediación financiera que operen en los términos del artículo 197.1, deberán realizar -en todos los casos- un examen especial de dichas transacciones para determinar el beneficiario final de la operación y el origen legítimo de los fondos recibidos. En aquellos casos en que el cliente - sujeto o no a regulación y supervisión financiera- se niegue a proporcionar la información sobre los beneficiarios de alguna transacción, o sobre el origen de los fondos manejados, la institución deberá examinarla detalladamente para determinar si constituye una transacción inusual o sospechosa que deba ser reportada a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Asimismo, en caso que esta situación se reitere, deberá restringir o terminar la relación comercial con este cliente. Disposición transitoria: Las instituciones que a la fecha de entrada en vigencia de la presente normativa mantengan cuentas relacionadas con personas físicas O jurídicas que en forma habitual manejen fondos de terceros, contarán con un plazo de 120 (ciento veinte) días corridos para adecuarse a los nuevos requerimientos establecidos. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 7. INCORPORAR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de los intermediarios de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill- Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el siguiente artículo: ARTÍCULO 197.1 (INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRESPONSALES). Los intermediarios de valores deberán aplicar procedimientos de debida diligencia especiales cuando establezcan relaciones de corresponsalía con instituciones financieras del exterior, en condiciones operativas que habiliten a éstas a mantener cuentas o realizar transacciones para sus propios clientes por intermedio de la institución de plaza. A tales efectos, las instituciones deberán: 1) Obtener información suficiente sobre dichas instituciones del exterior para conocer: a) la naturaleza de su negocio, la reputación de la institución, gerenciamiento, actividades principales y dónde están localizadas; b) propósito de la cuenta o transacción; c) regulación y supervisión en su país, incluyendo si ha sido objeto o no de una investigación sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo o de una acción regulatoria. 2) Evaluar las políticas y procedimientos de la institución del exterior, incluyendo los controles implementados, para prevenirse de ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre otros. 3) Entender y documentar las respectivas responsabilidades de cada entidad. 4) Obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer la relación de corresponsalía. Las instituciones financieras del exterior a que se hace referencia en este artículo deberán ser operadores autorizados de los mercados bancario, cambiario, asegurador, de valores, de remesas u otros mercados financieros formales del exterior, estar sujetas a regulación y supervisión, y tener políticas de aceptación y conocimiento de sus clientes que hayan sido evaluadas favorablemente por la institución local. No deberán establecerse relaciones de negocios con instituciones financieras constituidas en jurisdicciones que no requieran presencia física ni establecer relaciones de corresponsalía con instituciones financieras extranjeras, cuando éstas permitan que sus cuentas sean utilizadas por este tipo de instituciones. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Disposición transitoria: Los intermediarios de valores que a la fecha de entrada en vigencia de la presente normativa mantengan relaciones de corresponsalía, contarán con un plazo de 120 (ciento veinte) días corridos para adecuarse a los nuevos requerimientos establecidos. SUSTITUIR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de los intermediarios de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill- Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 198 por el siguiente: ARTÍCULO 198 (SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS PARA PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). La utilización de servicios de terceros para realizar los procedimientos de debida diligencia requerirá la autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros en forma previa a efectuar dicha contratación y deberá cumplir con lo siguiente: 1) Los terceros estarán obligados a aplicar los procedimientos de debida diligencia de clientes establecidos por la institución. 2) La institución deberá obtener y conservar la información y documentación relativa a la identificación y conocimiento del cliente en todos los casos, tal como si los procedimientos de debida diligencia hubieran sido completados directamente por ésta. 3) La institución mantendrá en todo momento la responsabilidad final por la adecuada identificación y conocimiento de los mismos, debiendo verificar la adecuada aplicación de sus procedimientos a los clientes cuya debida diligencia sea realizada por un tercero. 4) No podrán utilizarse los servicios de terceros para la realización del monitoreo de cuentas y transacciones a los efectos de detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Se consideran autorizadas aquellas tercerizaciones de procedimientos de debida diligencia con clientes que cumplan con lo dispuesto en el numeral 1) a 4) precedentes y los requerimientos que se detallan a continuación: a. El tercero que preste el servicio deberá estar inscripto ante el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras, y ser regulado y supervisado o monitoreado por éste, especialmente en cuanto a la aplicación de Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY los procedimientos de debida diligencia de clientes y mantenimiento de registros, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. El tercero que preste el servicio deberá estar radicado en un país que no esté siendo objeto de medidas especiales por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAF!) y que no esté incluido en la lista de países que no cumplen con los criterios de transparencia y cooperación en materia fiscal emitida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Los servicios a tercerizar deberán estar detallados en un contrato entre las partes el que deberá contener, como mínimo, las siguientes cláusulas: c.l. C.2. C.3. C.4. C.5. c.6. la obligación del tercero contratado de mantener el contacto personal con el potencial cliente o, en su defecto, establecer que el contacto personal lo realizará la propia institución. la documentación necesaria para verificar la identidad del cliente. la información y documentación financiera que el tercero deberá relevar para obtener adecuado conocimiento de la actividad económica desarrollada por el potencial cliente, y la forma en que se verificará la misma. la documentación que deberá completar y suscribir el cliente dependiendo del servicio a prestar por la institución una vez aceptado (contratos de apertura de cuenta, formularios de conocimiento del cliente para nuevas vinculaciones o actualización de información, etc). la obligación del tercero contratado de poner en conocimiento del potencial cliente que no se iniciará ningún vínculo comercial en tanto la entidad no lo acepte formalmente. compromisos de confidencialidad y protección de datos personales. La información y documentación mencionadas en los literales c.2 a c.4 deberá ser consistente con las requeridas por la institución para el resto de sus clientes, de acuerdo con el perfil de los mismos. d. Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán: d.1. mantener en sus oficinas información suficiente y actualizada que acredite la idoneidad y antecedentes del tercero contratado, así como Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY una declaración del mismo acerca del personal que realizará la debida diligencia, que acredite que conoce la regulación vigente en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo aplicable a la institución contratante y los procedimientos de debida diligencia a aplicar. La información y documentación mencionadas deberán actualizarse como mínimo cada 2 (dos) años d.2. contar con un listado de clientes cuya debida diligencia fue realizada por un tercero. 9. INCORPORAR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de los intermediarios de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill- Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el siguiente artículo: ARTÍCULO 198.1 (SERVICIOS DE REFERENCIAMIENTO, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE PORTAFOLIOS) Los intermediarios de valores que brinden servicios de referenciamiento, asesoramiento o gestión de portafolios a clientes de instituciones financieras del exterior que estén sujetas a regulación y supervisión, podrán limitarse a identificar adecuadamente a los mismos, debiendo mantener los registros requeridos por la normativa, siempre que: - las políticas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la institución financiera del exterior hayan sido evaluadas favorablemente por el intermediario, y - los servicios sean prestados en el marco de contratos en los que se establezca en forma clara la responsabilidad de tales instituciones por la aplicación de los procedimientos de debida diligencia. La identificación antes mencionada se realizará obteniendo la siguiente información: 1) Personas físicas: a) nombre y apellidos completos; b) fecha y lugar de nacimiento; c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 2) Personas jurídicas: a) denominación; b) domicilio y número de teléfono; c) número de inscripción en el Registro Unico Tributario, si correspondiera dicha inscripción. Deberán obtenerse, además, los datos a que refieren los literales a) a c) del numeral 1) precedente respecto de los representantes de la persona jurídica. No obstante, si en el cumplimiento de estas funciones los intermediarios de valores recibieran de terceros sumas de dinero o títulos valores, deberán cenirse a lo dispuesto en este Libro y en el artículo 204. 10. SUSTITUIR en el Capítulo Il - Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | - Prevención del uso de los intermediarios de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill- Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 199 y 200 por los siguientes: ARTÍCULO 199 (CONFIDENCIALIDAD). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión no podrán poner en conocimiento de las personas involucradas ni de terceros, las actuaciones o informes que ellas realicen o produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en respuesta a una solicitud de información que le haya formulado la Unidad de Información y Análisis Financiero. ARTÍCULO 200 (EXAMEN DE OPERACIONES). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán prestar atención a aquellas transacciones que resulten inusuales o complejas o de gran magnitud y dejar constancia escrita de: ¡. los controles y verificaciones que realicen para determinar sus antecedentes y finalidades y ii. las conclusiones del examen realizado, en las que se especificarán los elementos que se tomaron en cuenta para confirmar o descartar la inusualidad de la operación. También deberán dejar constancia de los controles realizados para determinar la existencia de bienes o transacciones que puedan estar vinculadas con las personas u organizaciones relacionadas con actividades terroristas indicadas en el artículo 203. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Toda la información mencionada en este artículo deberá mantenerse a disposición del Banco Central del Uruguay y del auditor externo de la entidad 11. SUSTITUIR en el Capítulo 11l — Reportes, del Título | - Prevención del uso de los intermediarios de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro |I!- Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 202 y 203 por los siguientes: ARTÍCULO 202 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión estarán obligados a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones, realizadas o no que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aun involucrando activos de origen lícito - se sospeche que están vinculadas a personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a financiar cualquier actividad terrorista. La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y aun cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la institución, ya sea porque el cliente desistió de realizarla o porque la institución resolvió no dar curso a la misma. La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero a esos efectos. ARTÍCULO 203 (DEBER DE INFORMAR SOBRE BIENES VINCULADOS CON EL TERRORISMO). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: ¡. haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva; Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ii. haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. 12. SUSTITUIR en el Título || - Prevención del uso de los asesores de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro lIl- Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 207 por el siguiente: ARTÍCULO 207 (PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). Los asesores de inversión deberán: a) b) Establecer políticas y procedimientos que les permitan prevenir, detectar y reportar a las autoridades competentes las transacciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Establecer políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: i. un alto nivel de integridad del mismo. Se deberán considerar aspectos tales como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo. ii. una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la forma de proceder en cada situación. Designar un oficial de cumplimiento que será el responsable de la implantación, el seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema preventivo, debiendo promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos aplicados por la institución. Además será el funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. 13. INCORPORAR en el Título 11 - Prevención del uso de los asesores de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro I!l- Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los siguientes artículos: ARTÍCULO 207.1 (CÓDIGO DE CONDUCTA). Los asesores de inversión deberán adoptar un código de conducta, aprobado por su Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY máximo órgano ejecutivo con notificación a sus propietarios, que refleje el compromiso institucional asumido a efectos de evitar el uso del mercado de valores para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y en el que se expongan las normas éticas y profesionales que, con carácter general, rigen sus acciones en la materia. El código de conducta deberá ser debidamente comunicado y aplicado por todo el personal. A estos efectos resultan de aplicación las normas contenidas en los artículos 252 a 253.1. Disposición Transitoria: Los asesores de inversión dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adoptar un Código de Conducta de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. ARTÍCULO 207.2 (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). El Oficial de Cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal superior, pudiendo ser desempeñada la función por uno de los propietarios de la empresa. Debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, jerarquía dentro de la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en forma autónoma y eficiente. ARTÍCULO 207.3 (POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). Los asesores de inversión deberán definir políticas y procedimientos de debida diligencia que deberán aplicarse a todos los nuevos clientes y asimismo, a los clientes existentes, que les permitan obtener un adecuado conocimiento de los mismos, así como del beneficiario final de la transacción. Las instituciones no establecerán relaciones de negocios cuando no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia antes referidos. Cuando se aprecie esta posibilidad en el curso de la relación de negocios, las instituciones pondrán fin a la misma, procediendo a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información y Análisis Financiero de acuerdo con la normativa en la materia. Las políticas y procedimientos definidos por la institución deberán contener, como mínimo: a) Medidas razonables para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información acerca de la verdadera identidad del cliente así como del beneficiario final. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY b) Procedimientos para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información relativa a la actividad económica desarrollada por el cliente, que permitan justificar adecuadamente la procedencia de los fondos manejados. c) Reglas claras de aceptación de clientes, definidas en función de factores de riesgo tales como: país de origen, nivel de exposición política, tipo de negocio o actividad, personas vinculadas, tipo de producto requerido, volumen de operaciones, etc., que contemplen mecanismos especiales de análisis y requisitos de aprobación más rigurosos para las categorías de clientes de mayor riesgo. d) Sistemas de monitoreo de transacciones que permitan detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Asimismo, las políticas y procedimientos podrán prever que, en casos excepcionales, los asesores de inversión no completen la debida diligencia cuando adviertan que de hacerlo se estaría alertando al cliente, debiendo reportar dicha situación a la Unidad de Información y Análisis Financiero en forma inmediata. Se exceptúa de la obligación de identificar al beneficiario final cuando se trate de clientes cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de las bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio, o sean propiedad, directa o indirectamente, de sociedades cuyos títulos de participación cumplan con el requisito antes mencionado, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. Dicha excepción aplica únicamente respecto de los títulos que cotizan en bolsa. Cuando se brinden servicios de referenciamiento y asesoramiento a clientes de instituciones financieras del exterior que estén sujetas a regulación y supervisión, los asesores de inversión podrán limitarse a identificar adecuadamente a los mismos, debiendo mantener los registros requeridos por la normativa, siempre que: - las políticas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la institución financiera del exterior hayan sido evaluadas favorablemente por la institución de plaza, y - los servicios sean prestados en el marco de contratos en los que se establezca en forma clara la responsabilidad de tales instituciones por la aplicación de los procedimientos de debida diligencia. La identificación antes mencionada se realizará obteniendo la siguiente información: 1) Personas físicas: a) nombre y apellidos completos; b) fecha y lugar de nacimiento; Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial. 2) Personas jurídicas: a) denominación; b) domicilio y número de teléfono; c) número de inscripción en el Registro Unico Tributario, si correspondiera dicha inscripción. Deberán obtenerse, además, los datos a que refieren los literales a) a c) del numeral 1) precedente respecto de los representantes de la persona jurídica. Disposición Transitoria: Los asesores de inversión dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 207.4 (DEFINICIÓN DE BENEFICIARIO FINAL). Se entenderá por beneficiario final a las personas físicas que, directa oO indirectamente, posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación independiente o estructura jurídica. Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control. En el caso de los fideicomisos, la obligación de identificar al beneficiario final establecida en el artículo 207.3 alcanzará a las personas físicas que cumplan con alguna de las condiciones dispuestas en los incisos precedentes en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario. ARTÍCULO 207.5 (INFORMACIÓN MÍNIMA). Los asesores de inversión deberán obtener, como mínimo, la siguiente información de cada uno de sus clientes: 1) Personas físicas a) nombre y apellido completo; b) fecha y lugar de nacimiento; Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy 2) BANCO CENTRAL DEL URUGUAY c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; d) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; e) estado civil (si está casado o en unión concubinaria reconocida judicialmente, nombre y número del documento de identidad del cónyuge o concubino); f) domicilio y número de teléfono; g) profesión, oficio o actividad principal; h) volumen de ingresos. Se deberá hacer constar expresamente si el cliente está actuando por cuenta propia o en nombre de un tercero y, en este último caso, obtener los mencionados datos respecto del beneficiario final de la transacción. Asimismo, deberán obtenerse dichos datos respecto de los apoderados del cliente, con excepción de lo dispuesto en el literal g). En lo que refiere al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas así como del beneficiario final, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente. Personas jurídicas a) denominación; b) fecha de constitución; c) domicilio y número de teléfono; d) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; e) documentación acreditante de la constitución en forma de la respectiva entidad y de sus actuales autoridades y representantes; f) actividad principal; g) volumen de ingresos; h) estructura de propiedad y control de la sociedad, estableciendo quiénes son sus accionistas o propietarios y dejando constancia de quién es el beneficiario final o controlante de la sociedad, si fuera otra persona distinta de las anteriores. La identificación de los accionistas o propietarios corresponderá toda vez que los mismos posean un porcentaje del capital superior al 15%; ¡i) constancia de inscripción en el Registro de beneficiarios finales (Ley Nro. 19.484 del 5 de enero de 2017). Los datos a que refiere el numeral 1), deberán obtenerse respecto del beneficiario final de la transacción. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Asimismo, se deberán obtener los mencionados datos para las personas físicas que actúen en representación del cliente persona jurídica, así como para los apoderados y autorizados para operar en su nombre frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en el literal g). En lo que respecta al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas físicas así como del beneficiario final, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente. Disposición Transitoria: Los asesores de inversión dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 207.6 (CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN). Los asesores de inversión deberán conservar los registros de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, así como toda la información obtenida en el proceso de debida diligencia, por un plazo mínimo de 5 (cinco) años después de terminada la relación comercial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nro. 19.574 del 20 de diciembre de 2017. ARTÍCULO 207.7 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA — DILIGENCIA INTENSIFICADA). Los asesores de inversión deberán aplicar procedimientos de debida diligencia intensificada para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con lo que surja de la evaluación de riesgo realizada por la institución. No obstante, serán considerados como de mayor riesgo: a) las relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no cumplen con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. b) las personas políticamente expuestas así como sus familiares y asociados cercanos. c) todas aquellas operaciones que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. En aplicación de los procedimientos de debida diligencia intensificada, los asesores de inversión deberán: i. obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer o continuar una relación con este tipo de clientes. ii. elaborar un informe circunstanciado en el que se incluirá el perfil de actividad asignado para monitorear adecuadamente las transacciones del cliente y se explicitarán todos los elementos que hayan sido considerados para determinar Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY dicho perfil. El informe deberá estar adecuadamente respaldado por documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. A estos efectos, se deberá contar con estados contables con informe de Contador Público, declaraciones de impuestos, estados de responsabilidad, actas de distribución de utilidades, contratos de compraventa u otra documentación que permita cumplir con lo señalado precedentemente. No obstante ello, en todos los casos se deberá contar con copias de las declaraciones juradas o documentación equivalente presentadas ante la administración tributaria correspondiente. Se exceptúa de esta exigencia cuando se trate deservicios de referenciamiento, asesoramiento y gestión de portafolios brindados a clientes no residentes de instituciones financieras del exterior que estén sujetas a regulación y supervisión siempre que: - las instituciones se aseguren que la presentación de la referida documentación no es un requisito establecido por el regulador financiero de la institución financiera del exterior en sus normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y - se obtenga una constancia emitida por la Administración Tributaria correspondiente o una carta emitida por un profesional o por los representantes del cliente indicando que se encuentra al día con sus obligaciones tributarias. En el caso de las personas comprendidas en el literal b) cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de actividad, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dólares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalente en otras monedas, o realicen transacciones por hasta dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo se requerirá la documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el volumen acumulado de transacciones. iii. aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente. iv. realizar un monitoreo más intenso de la relación comercial, incrementando la cantidad y frecuencia de los controles aplicados. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Disposición Transitoria: Los asesores de inversión dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 207.8 (TRANSACCIONES CON PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL). Se consideran países o territorios que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional aquellos que: í) no sean miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza tales como: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT, Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Grupo de prevención del blanqueo de capitales de África del Sur y del Este (MENAFATF) y Grupo Asia/Pacífico en materia de blanqueo de capitales (APG), etc.; o ¡¡) estén siendo objeto de medidas especiales por parte de alguno de los grupos mencionados en el literal anterior por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente. Los resultados del análisis efectuado para determinar el carácter legítimo de las transacciones con personas y empresas - incluidas las instituciones financieras- residentes en los países o a que refieren los numerales ¡) y ii) deberán plasmarse por escrito y mantenerse a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros. Disposición Transitoria: Los asesores de inversión dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 207.9 (PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS). Se entiende por “personas políticamente expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY equivalentes. Los asesores de inversión deberán contar con procedimientos que les permitan determinar cuando un cliente o beneficiario final es persona políticamente expuesta, familiar o asociado cercano de una persona políticamente expuesta. ARTÍCULO 207.10 (CONFIDENCIALIDAD). Los asesores de inversión no podrán poner en conocimiento de las personas involucradas ni de terceros, las actuaciones o informes que ellas realicen o produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en respuesta a una solicitud de información que le haya formulado la Unidad de Información y Análisis Financiero. ARTÍCULO 207.11 (EXAMEN DE OPERACIONES). Los asesores de inversión deberán prestar atención a aquellas transacciones que resulten inusuales o complejas o de gran magnitud y dejar constancia escrita de: ¡. los controles y verificaciones que realicen para determinar sus antecedentes y finalidades y ii. las conclusiones del examen realizado, en las que se especificarán los elementos que se tomaron en cuenta para confirmar o descartar la inusualidad de la operación. También deberán dejar constancia de los controles realizados para determinar la existencia de bienes o transacciones que puedan estar vinculadas con las personas u organizaciones relacionadas con actividades terroristas indicadas en el artículo 208. Toda la información mencionada en este artículo deberá mantenerse a disposición del Banco Central del Uruguay y de los auditores externos de la institución cuando corresponda. Disposición Transitoria: Los asesores de inversión dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 207.12 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Los asesores de inversión estarán obligados a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones, realizadas o no, que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este último caso, la Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aun involucrando activos de origen lícito — se sospeche que están vinculadas a personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a financiar cualquier actividad terrorista. La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales, aun cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la institución, ya sea porque el cliente desistió de realizarla o porque la institución resolvió no dar curso a la misma. La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero a esos efectos. 14. SUSTITUIR en el Título 1! - Prevención del uso de los asesores de inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro 1!l - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 208 por el siguiente: ARTÍCULO 208 (DEBER DE INFORMAR SOBRE BIENES VINCULADOS CON EL TERRORISMO). Los asesores de inversión deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: ¡. haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva; ii. haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. 15. SUSTITUIR en la Parte | - Disposiciones generales, del Libro VI — Información y documentación, los artículos 255.3 y 255.9 por los siguientes: ARTÍCULO 255.3 (RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN). Las bolsas de valores, los intermediarios de valores, los asesores de inversión, las sociedades administradoras de fondos de inversión, los fiduciarios generales y financieros, las cajas de valores, las calificadoras de riesgo deberán implementar procedimientos de resguardo de toda la documentación emitida respaldante de su gestión. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ARTÍCULO 255.9 (CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS). Las bolsas de valores, los intermediarios de valores, los asesores de inversión, las sociedades administradoras de fondos de inversión, los fiduciarios generales y financieros, las cajas de valores, las calificadoras de riesgo pueden, bajo su exclusiva responsabilidad, optar por los procedimientos que estimen más convenientes para la conservación, guarda o archivo de la documentación emitida y de las informaciones obtenidas o elaboradas en cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia de clientes. Sin perjuicio de lo anterior, la tecnología a aplicar será válida en la medida en que se satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 255.6. Toda documentación original cuya reproducción se admita y que haya sido realizada según lo establecido en el presente régimen, previo a su destrucción física deberá ser puesta a disposición de los interesados mediante notificación fehaciente por el término de 6 (seis) meses a contar desde dicha notificación. Se admitirá como medio fehaciente de notificación el emplazamiento genérico realizado a través de la publicación en el Diario Oficial y en otro diario de los de mayor circulación nacional. 16. INCORPORAR en el Capítulo V -— Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título Il — Régimen informativo, de la Parte V — Intermediario de valores, del Libro VI — Información y documentación, los siguientes artículos: ARTÍCULO 298.1 (INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES Y SERVICIOS). Los intermediarios de valores deberán proporcionar información anual sobre transacciones y servicios, agrupados según factores de riesgo para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La referida información se presentará a la Unidad de Información y Análisis Financiero, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, dentro de los 30 (treinta) días siguientes al cierre del ejercicio al que está referida. ARTÍCULO 298.2 (REPORTE DE CUENTAS DE CLIENTES). Los intermediarios de valores deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros las altas y bajas de cuentas de custodia u otras vinculadas a clientes, incluyendo datos de los titulares, apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución. La información será proporcionada dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se realiza el alta o baja de la cuenta o de la modificación de las personas vinculadas a la cuenta, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 17. INCORPORAR en el Capítulo Ill — Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título Il — Régimen informativo, de la Parte VI — Asesores de inversión, del Libro VI — Información y documentación, el siguiente artículo: ARTÍCULO 308.1.2 (INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES Y SERVICIOS). Los asesores de inversión deberán proporcionar información anual sobre transacciones y servicios, agrupados según factores de riesgo para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La referida información se presentará a la Unidad de Información y Análisis Financiero, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, dentro de los 30 (treinta) días siguientes al cierre del año civil al que está referida. 18. INCORPORAR en el Capítulo VIl — Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título | — Régimen informativo, de la Parte VI! - Sociedades administradoras de fondos de inversión, del Libro VI — Información y documetación, los siguientes artículos: ARTÍCULO 325.3 (INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES). Las administradoras de fondos de inversión deberán proporcionar información anual sobre transacciones vinculadas a los fondos de inversión que administran, agrupadas según factores de riesgo para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La referida información se presentará a la Unidad de Información y Análisis Financiero, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, dentro de los 30 (treinta) días siguientes al cierre del ejercicio al que está referida. ARTÍCULO 325.4 (REPORTE DE CUENTAS DE CLIENTES). Las administradoras de fondos de inversión deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros las altas y bajas de cuentas representativas de la participación de sus clientes en los fondos de inversión que administren, incluyendo datos de los titulares, apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución. La información será proporcionada dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se realiza el alta o baja de la cuenta o de la modificación de las personas vinculadas a la cuenta, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán JUAN PEDRO CANTERA SuperintendenteServicios Financieros 2018/02397 Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy

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