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Artículo 2311RECOPILACION DE NORMAS DE REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORIS

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Montevideo, 10 de diciembre de 2018 CIRCULAR N? 2.311 Ref: RECOPILACION DE NORMAS DE REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA LEY NRO. 19.574 Y SU MODIFICATIVA Y A LAS RECOMENDACIONES DEL GAH!I. Se pone en conocimiento que la Superintendencia de Servicios Financieros adoptó con fecha 23 de noviembre 2018, la resolución que se transcribe a continuación: 1. SUSTITUIR en el Capítulo | — Sistema integral de prevención para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título | — Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro 11! - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 290, 291 y 292 por los siguientes: ARTÍCULO 290 (SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). Las instituciones deberán implantar un sistema integral para prevenirse de ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes. En el caso de los bancos, bancos de inversión, casas financieras, instituciones financieras externas y cooperativas de intermediación financiera éste se enmarcará en su sistema de gestión integral de riesgos. La aplicación del mismo deberá extenderse a toda la organización incluyendo a las sucursales y subsidiarias, en el país y en el exterior. En tal caso, las instituciones deberán verificar que sus sucursales o subsidiarias en el exterior apliquen adecuadamente todas las medidas de prevención y control previstas por dicho sistema integral. Cuando los requisitos mínimos en materia de prevención del Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY lavado de activos y financiamiento del terrorismo del país sede de la sucursal o subsidiaria sean menos estrictos que los de nuestro país, las instituciones deberán asegurarse que éstas implementen los requisitos de nuestro país, en la medida en que lo permita la normativa del país sede. Si dicho país no permite su implementación, las instituciones deben aplicar medidas adicionales apropiadas para manejar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo e informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero. La dirección de las instituciones debe mostrar total compromiso con el funcionamiento del sistema preventivo, estableciendo políticas y procedimientos apropiados y asegurando su efectividad ARTÍCULO 291 (COMPONENTES DEL SISTEMA). El sistema exigido por el artículo 290 deberá incluir los siguientes elementos: a. Políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que les permitan prevenir, detectar y reportar a las autoridades competentes las transacciones que puedan estar relacionadas con dichos delitos. Aesos efectos, las instituciones deberán: Í. identificar los factores de riesgo (productos, servicios, clientes, zonas geográficas y canales de distribución) asociados a sus distintas líneas de actividad; ii. evaluar sus posibilidades de ocurrencia e impacto; iii. implementar medidas de control adecuadas para mitigar los diferentes tipos y niveles de riesgo identificados; iv. monitorear en forma permanente los resultados de los controles aplicados y su grado de efectividad, para detectar aquellas operaciones que resulten inusuales o sospechosas y para corregir las deficiencias existentes en el proceso de gestión del riesgo; y v. documentar las evaluaciones de riesgo realizadas de forma tal de poder demostrar sus bases, mantenerlas actualizadas y contar con los mecanismos apropiados para suministrar información acerca de dicha evaluación de riesgo cuando le sea requerida. b. Políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ¡. un alto nivel de integridad del mismo. Se deberán considerar aspectos tales como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo. ii. una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la forma de proceder en cada situación. c. Un oficial de cumplimiento que será el responsable de la implantación, el seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema, debiendo promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos aplicados por la institución. Además será el funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. En el caso de las empresas de transferencia de fondos, empresas de servicios financieros y casas de cambio también será responsable de documentar de forma adecuada la evaluación de riesgos realizada por la institución y los procedimientos de control establecidos para mitigarlos, conservando la información sobre los controles, análisis de operaciones y otras actividades desarrolladas por los integrantes del área a su cargo. En lo que respecta a bancos, bancos de inversión, casas financieras, instituciones financieras externas y cooperativas de intermediación financiera será responsable de elaborar los informes a que refiere el artículo 150 y no podrá desempeñar tareas en el área de Auditoría Interna de la institución. ARTÍCULO 292 (CÓDIGO DE CONDUCTA). Las instituciones deberán adoptar un código de conducta, aprobado por su máximo órgano ejecutivo con notificación a sus accionistas, que refleje el compromiso institucional asumido a efectos de evitar el uso del sistema financiero para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y en el que se expongan las normas éticas y profesionales que, con carácter general, rigen sus acciones en la materia. El código de conducta deberá ser debidamente comunicado a todo el personal. A estos efectos resultan de aplicación las normas contenidas en los artículos 135 y 486 a 488. INCORPORAR en el Capítulo | — Sistema integral de prevención para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título | - Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro 11! - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el siguiente artículo: ARTÍCULO 292.1 (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). El Oficial de Cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal superior y para el caso de las empresas de transferencia de fondos deberá poseer nivel gerencial. Debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, la jerarquía dentro de la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en forma autónoma y eficiente. SUSTITUIR en el Capítulo Il — Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | — Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 293 y 294 por los siguientes: ARTÍCULO 293 (POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). Las instituciones deberán definir políticas y procedimientos de debida diligencia que deberán aplicarse a todos los nuevos clientes y asimismo, a los clientes existentes, que les permitan obtener un adecuado conocimiento de los mismos, así como del beneficiario final de la cuenta o transacción, prestando especial atención al volumen y a la índole de los negocios u otras actividades económicas que los clientes desarrollen. Cuando las instituciones de intermediación financiera actúan en calidad de fiduciarias, se entenderá por clientes no sólo a los fideicomitentes y beneficiarios de los fideicomisos que administran sino también a todas aquellas personas de las cuales reciben fondos para dichos fideicomisos. Las instituciones no establecerán relaciones de negocios ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia antes referidos. Cuando se aprecie esta posibilidad en el curso de la relación de negocios, las instituciones pondrán fin a la misma, procediendo a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información y Análisis Financiero de acuerdo con la normativa en la materia. Las políticas y procedimientos definidos por la institución deberán contener, como mínimo: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY a) Medidas razonables para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información acerca de la verdadera identidad del cliente así como de la persona en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleve a cabo una transacción. b) Procedimientos para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información relativa a la actividad económica desarrollada por el cliente, que permitan justificar adecuadamente la procedencia de los fondos manejados. c) Reglas claras de aceptación de clientes, definidas en función de factores de riesgo tales como: país de origen, nivel de exposición política, tipo de negocio o actividad, personas o cuentas vinculadas, tipo de producto requerido, volumen de operaciones, etc., que contemplen mecanismos especiales de análisis y requisitos de aprobación más rigurosos para las categorías de clientes de mayor riesgo. d) Sistemas de monitoreo de cuentas y transacciones que permitan detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Las políticas y procedimientos a aplicar deberán considerar la categoría de riesgo del cliente y aquellas situaciones especiales que requieran una debida diligencia intensificada. Asimismo, las políticas y procedimientos podrán prever que, en casos excepcionales, las instituciones no completen la debida diligencia cuando adviertan que de hacerlo se estaría alertando al cliente, debiendo reportar dicha situación a la Unidad de Información y Análisis Financiero en forma inmediata. ARTÍCULO 294 (IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES). Las instituciones no podrán mantener cuentas ni tramitar transacciones sin la debida identificación de sus clientes, sean éstos ocasionales o habituales. A tales efectos deberán recabar información para establecer y registrar por medios eficaces la identidad de sus clientes, así como el propósito y naturaleza de la relación de negocios. No se deberá establecer una relación definitiva hasta tanto no se haya verificado de manera satisfactoria su identidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 294.1. INCORPORAR en el Capítulo 1! — Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | — Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY terrorismo, del Libro Ill - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el siguiente artículo: ARTÍCULO 294.1 (PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE CLIENTES). Las instituciones deberán instrumentar los procedimientos que estimen más eficaces para verificar la identidad de sus clientes antes de establecer una relación definitiva con éstos, para lo cual deberán considerar el resultado de la evaluación de riesgo realizada. Dichos procedimientos deberán contemplar el contacto personal (presencia física) en los siguientes casos: a) Clientes que realizan una actividad económica. Se consideran incluidos en esta definición a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras, profesionales, etc. Cuando se trate de clientes cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de actividad, alcancen importes superiores a U$S 1.500.000 (dólares estadounidenses un millón quinientos mil) o su equivalente en otras monedas, o realicen transacciones por dicho monto en el transcurso de un año calendario, la identidad del cliente deberá verificarse mediante el contacto personal con el titular, representante o apoderado, realizado por la institución O por terceros en el marco de lo dispuesto en el artículo 304. En el caso de clientes que, sin cumplir con la condición establecida en el párrafo precedente, sus transacciones anuales alcancen —-de acuerdo con su perfil de actividad- importes superiores a U$S 120.000 (dólares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalente en otras monedas, o realicen transacciones por dicho monto en el transcurso de un año calendario, la verificación antes mencionada también podrá ser realizada por otra entidad financiera local o del exterior inscripta ante el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras, o por un escribano o quien cumpla esta función en el exterior, debiéndose obtener la correspondiente certificación de que dicho contacto fue realizado. b) Clientes que no realizan una actividad económica. Se consideran incluidos en esta definición a las personas físicas y jurídicas no comprendidas en el literal a), incluyendo a las sociedades que se utilicen como vehículo de inversión, las sociedades cuya principal o única función es la de tener o administrar la propiedad de otras sociedades o compañías, los fideicomisos, entre otros. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Cuando se trate de clientes cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de actividad, alcancen importes superiores a U$S 500.000 (dólares estadounidenses quinientos mil) o su equivalente en otras monedas, en el caso de no residentes o importes superiores a U$S 1.000.000 (dólares estadounidenses un millón) o su equivalente en otras monedas, tratándose de residentes, o realicen transacciones por dicho monto — según corresponda - en el transcurso de un año calendario, la identidad del cliente deberá verificarse mediante el contacto personal con alguno de los beneficiarios finales, realizado por la institución o por terceros en el marco de lo dispuesto en el artículo 304, debiendo constar que se mantuvo dicho contacto en la copia del documento de identificación utilizado como medio de verificación. En el caso de clientes que, sin cumplir con la condición establecida en el párrafo precedente, sus transacciones anuales alcancen —-de acuerdo con su perfil de actividad- importes superiores a U$S 120.000 (dólares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalente en otras monedas, oO realicen transacciones por dicho monto en el transcurso de un año calendario, la verificación antes mencionada también podrá ser realizada por otra entidad financiera local o del exterior inscripta ante el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras, o por un escribano o quien cumpla esta función en el exterior, debiéndose obtener la correspondiente certificación de que dicho contacto fue realizado. Cuando las instituciones de intermediación financiera actúen en calidad de fiduciarias, el requerimiento de verificación de la identidad mediante contacto personal alcanzará al menos a los fideicomitentes y beneficiarios de los fideicomisos que administran. En todos los casos, cuando se trate de personas físicas residentes, la verificación de la identidad mediante contacto personal podrá ser realizada por un Prestador de Servicios de Confianza (artículo 31 de la Ley Nro. 18.600 de 21 de setiembre de 2009 en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley Nro. 19.535 de 25 de setiembre de 2017), de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. A efectos de determinar los umbrales establecidos precedentemente, se considerará el monto total a ingresar o ingresado a la cuenta y, en el caso de transacciones no asociadas a una cuenta, su volumen acumulado excluyendo aquellas relacionadas a otra operación, tal como una compraventa de moneda seguida de una transferencia. Los procedimientos de verificación de la identidad de clientes podrán aplicarse luego de iniciada la relación comercial siempre que sea necesario para no interrumpir el curso normal de la actividad. Se dispondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días contados desde el inicio del vínculo o de que se cumpla con las condiciones Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY enumeradas precedentemente, período durante el cual deberán realizar un monitoreo más intenso de las transacciones del cliente. Disposiciones Transitorias: 1) Las instituciones dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 2) Transcurrido dicho plazo, dispondrán de un plazo de 12 (doce) meses para adecuar la verificación realizada de la identidad de los clientes a lo dispuesto en este artículo, únicamente cuando a la fecha de su entrada en vigencia cumplan las siguientes condiciones: e Clientes residentes que tengan una antigúedad menor a 3 (tres) años y transacciones mayores a U$S 1.500.000 (dólares estadounidenses un millón quinientos mil) o su equivalente en otras monedas. e Clientes no residentes que tengan una antigúedad menor a 3 (tres) años y transacciones mayores a U$S 1.000.000 (dólares estadounidenses un millón) o su equivalente en otras monedas. SUSTITUIR en el Capítulo Il — Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | — Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 295, 296 y 297 por los siguientes: ARTÍCULO 295 (IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO FINAL). Las instituciones deberán recabar información para establecer y registrar por medios eficaces la identidad del beneficiario final de la cuenta o transacción así como verificar su identidad. Los procedimientos de verificación de identidad deberán considerar el resultado de la evaluación de riesgo realizada y contemplar el contacto personal cuando se cumpla con lo establecido en el artículo 294.1. Se exceptúa de la obligación de identificar al beneficiario final cuando se trate de clientes cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de las bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio, o sean propiedad, directa o indirectamente, de sociedades cuyos títulos de participación cumplan con el requisito antes mencionado, siempre Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. Dicha excepción aplica únicamente respecto de los títulos que cotizan en bolsa. Se entenderá por beneficiario final a las personas físicas que, directa o indirectamente, posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control. En el caso de los fideicomisos, la obligación establecida en el primer inciso alcanzará a las personas físicas que cumplan con alguna de las condiciones dispuestas en los incisos tercero a quinto en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Adicionalmente, cuando se trate de personas que en forma habitual manejen fondos de terceros, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 302. ARTÍCULO 296 (EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR). Quedarán eximidas de la obligación de identificación a que refieren los artículos 294 y 295 aquellas operaciones realizadas con clientes ocasionales cuyo importe individual no supere la suma de U$S 3.000 (dólares estadounidenses tres mil) o su equivalente en otras monedas, salvo en el caso de las transferencias de fondos. Sin embargo, esta excepción no será aplicable cuando se constate que el cliente intenta fraccionar una operación para eludir la obligación de identificación. Cuando exista algún indicio o se sospeche que una transacción pueda estar vinculada con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, se deberá proceder a identificar adecuadamente al cliente, independientemente del importe de la misma. ARTÍCULO 297 (INFORMACIÓN MÍNIMA). Las instituciones deberán obtener, como mínimo, la siguiente información de cada uno de sus clientes: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 1) Clientes habituales 1) Personas físicas 2) a) b) c) d) e) y) 9) h) nombre y apellido completo; fecha y lugar de nacimiento; copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; número de inscripción en el Registro Único Tributario o en el organismo tributario correspondiente; estado civil (si está casado o en unión concubinaria reconocida judicialmente, nombre y número del documento de identidad del cónyuge o concubino); domicilio y número de teléfono; profesión, oficio o actividad principal; volumen de ingresos. Se deberá hacer constar expresamente si el cliente está actuando por cuenta propia o en nombre de un tercero y, en este último caso, obtener los mencionados datos respecto del beneficiario final de la cuenta o transacción. Asimismo, los referidos datos deberán obtenerse respecto de: d. b. todos los titulares de la cuenta, los apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en el literal g). En lo que refiere al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas así como del beneficiario final, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los ingresos de la cuenta o de los fondos manejados por el cliente. Personas jurídicas a) b) c) d) e) y) e) denominación; fecha de constitución; domicilio y número de teléfono; ) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; documentación acreditante de la constitución en forma de la respectiva entidad y de sus actuales autoridades y representantes; actividad principal; volumen de ingresos; Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy 1) BANCO CENTRAL DEL URUGUAY h) estructura de propiedad y control de la sociedad, estableciendo quiénes son sus accionistas o propietarios y dejando constancia de quién es el beneficiario final o controlante de la sociedad, si fuera otra persona distinta de las anteriores. La identificación de los accionistas oO propietarios corresponderá toda vez que los mismos posean un porcentaje del capital superior al 15%; ¡) constancia de inscripción en el Registro de beneficiarios finales (Ley Nro. 19.484 del 5 de enero de 2017). Los datos a que refiere el numeral 1) también deberán obtenerse respecto del beneficiario final de la cuenta o transacción. Asimismo, se deberán obtener los mencionados datos para las personas físicas que actúen en representación del cliente persona jurídica, así como para los apoderados y autorizados para operar en su nombre frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en el literal g). En lo que respecta al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas físicas así como del beneficiario final, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los ingresos de la cuenta o de los fondos manejados por el cliente. Clientes ocasionales Para aquellos clientes que realicen transacciones de carácter no permanente, con excepción de las transferencias de fondos internacionales por importes superiores a U$S 1.000 (dólares estadounidenses mil) o su equivalente en otras monedas, por un monto inferior a U$S 15.000 (dólares estadounidenses quince mil) o su equivalente en otras monedas, se solicitará la siguiente información: 1) Personas físicas a) nombre y apellido completo; b) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; c) domicilio y número de teléfono. 2) Personas jurídicas a) denominación; b) domicilio y número de teléfono; ) c) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY d) identificación de la persona física que realiza la operación en los términos previstos por el numeral 1) anterior, acreditando además su calidad de representante. A los efectos del primer inciso del numeral Il), se considerará el monto individual o acumulado de las transacciones. Disposiciones Transitorias: 1) Las instituciones dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 2) Transcurrido dicho plazo, dispondrán de los siguientes plazos para cumplir con las modificaciones dispuestas en el presente artículo respecto de los clientes existentes a la fecha de su entrada en vigencia: Tipo de cliente Plazo Clientes de mayor riesgo l año Clientes que operen por montos significativos 2 años Clientes de riesgo medio 2 años Clientes de menor riesgo 6 años INCORPORAR en el Capítulo 1! — Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | — Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los siguientes artículos: ARTÍCULO 297.1 (ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE CLIENTES). Las instituciones deberán establecer procedimientos que permitan la actualización periódica de la información que poseen sobre sus clientes. Dicha actualización deberá contemplar la revisión de la información como mínimo cada 3 (tres) años para aquellos clientes de riesgo medio. En el caso de los clientes que operen por montos significativos la periodicidad de la actualización no podrá ser mayor a 2 (dos) años, mientras que para aquellos considerados de mayor riesgo no podrá ser superior a 1 (un) año. Para los clientes de menor riesgo los procedimientos deberán prever que la actualización deberá realizarse también en forma aperiódica, cuando los sistemas de Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY monitoreo detecten patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Disposiciones Transitorias: 1) Las instituciones dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 2) Transcurrido dicho plazo, dispondrán de los siguientes plazos para cumplir con la actualización de la información de acuerdo con lo establecido en este artículo respecto de los clientes existentes a la fecha de su entrada en vigencia: Tipo de cliente Plazo Clientes de mayor riesgo l año Clientes que operen por montos significativos 2 años Clientes de riesgo medio 2 años ARTÍCULO 297.2 (CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN). Las instituciones deberán conservar los registros de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, así como toda la información obtenida en el proceso de debida diligencia, por un plazo mínimo de 5 (cinco) años después de terminada la relación comercial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nro. 19.574 del 20 de diciembre de 2017. . SUSTITUIR en el Capítulo Il — Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | — Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 298, 299, 300, 301,303, 304 y 305 por los siguientes: ARTÍCULO 298 (PERFIL DE ACTIVIDAD DEL CLIENTE). Las instituciones deberán determinar el perfil de actividad de sus clientes a efectos de monitorear adecuadamente sus transacciones. ARTÍCULO 299 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA). Las instituciones deberán aplicar procedimientos de debida diligencia intensificada para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con lo que surja de la evaluación de riesgo realizada por la institución. No obstante, serán considerados como de mayor riesgo: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY a) las relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no cumplen con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. b) las transacciones de aquellas personas que se vinculen con la entidad a través de operativas en las que no sea habitual el contacto personal como en el caso de clientes que realizan operaciones a través de modalidades operativas que, utilizando tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda favorecer el anonimato de los clientes. c) las personas políticamente expuestas así como sus familiares y asociados cercanos. d) todas aquellas operaciones que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. En aplicación de los procedimientos de debida diligencia intensificada, las instituciones deberán: i. Obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer o continuar una relación con este tipo de clientes. o o . elaborar un informe circunstanciado en el que se explicitarán todos los elementos que hayan sido considerados para elaborar su perfil de actividad. El informe deberá estar adecuadamente respaldado por documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. A estos efectos, se deberá contar con estados contables con informe de Contador Público, declaraciones de impuestos, estados de responsabilidad, actas de distribución de utilidades, contratos de compraventa u otra documentación que permita cumplir con lo señalado precedentemente. No obstante ello, en todos los casos se deberá contar con copias de las declaraciones juradas o documentación equivalente presentadas ante la administración tributaria correspondiente. Se exceptúa de esta exigencia cuando se trate deservicios de referenciamiento, asesoramiento y gestión de portafolios brindados a clientes no residentes de otras instituciones financieras del exterior que estén sujetas a regulación y supervisión siempre que: - noreciban de dichos clientes - a cualquier título- sumas de dinero, títulos valores o metales preciosos, - las instituciones se aseguren que la presentación de la referida documentación no es un requisito establecido por el regulador Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY financiero de la institución financiera del exterioren sus normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y - se obtenga una constancia emitida por la Administración Tributaria correspondiente o una carta emitida por un profesional o por los representantes del cliente indicando que se encuentra al día con sus obligaciones tributarias. En el caso de las personas comprendidas en el literal c) cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de actividad, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dólares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalente en otras monedas, o realicen transacciones por hasta dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo se requerirá la documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. Cuando las transacciones anuales correspondan exclusivamente a acreditaciones en cuenta oO instumento de dinero electrónico correspondientes a pago de nómina provenientes de organismos públicos, no se requerirá la elaboración del informe circunstanciado ni tampoco la obtención de la documentación de respaldo antes mencionada, debiendo monitorear que la cuenta o instrumento se mantenga operando en dichas condiciones. A efectos de determinar el referido umbral, se considerará el monto total a ingresar o ingresado a la cuenta y, en el caso de transacciones no asociadas a una cuenta, su volumen acumulado excluyendo aquellas relacionadas a otra operación, tal como una compraventa de moneda seguida de una transferencia. iii. aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297.1. iv. realizar un monitoreo más intenso de la relación comercial, incrementando la cantidad y frecuencia de los controles aplicados. Para aquellos clientes que operen por montos significativos también deberá cumplirse con lo dispuesto en los numerales ii. y iii. El umbral para determinar aquellos clientes que operen por montos significativos será definido por cada institución considerando elementos tales como: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY i. el mantenimiento de saldos pasivos o fondos bajo manejo superiores a un importe determinado; ii. cliente habitual que ingrese fondos extraordinarios a su cuenta bancaria o tramite transacciones por importes superiores a un valor mínimo establecido para un período determinado, independientemente del perfil de actividad que se le hubiera asignado; iii. cliente ocasional que propone realizar una transacción que supera un importe establecido. Disposiciones Transitorias: 1) Las instituciones dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 2) Transcurrido dicho plazo, dispondrán de los siguientes plazos para cumplir con las modificaciones dispuestas en el presente artículo respecto de los clientes existentes a la fecha de su entrada en vigencia Tipo de cliente Plazo Clientes de mayor riesgo l año Clientes que operen por montos significativos 2 años ARTÍCULO 300 (TRANSACCIONES CON PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL). Se consideran países o territorios que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional aquellos que: i. no sean miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza, tales como: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT, Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Grupo de prevención del blanqueo de capitales de Africa del Sur y del Este (MENAFATEF) y Grupo Asia/Pacífico en materia de blanqueo de capitales (APG), etc.; o ii. estén siendo objeto de medidas especiales por parte de alguno de los grupos mencionados en el literal anterior por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente. Los resultados del análisis efectuado para determinar el carácter legítimo de las transacciones con personas y empresas - incluidas las instituciones financieras- residentes en los países o a que refieren los numerales ¡) y ¡i) deberán plasmarse Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY por escrito y mantenerse a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros. ARTÍCULO 301 (PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS). Se entiende por “personas políticamente expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. Las instituciones deberán contar con procedimientos que les permitan determinar cuando un cliente o beneficiario final es persona políticamente expuesta, familiar o asociado cercano de una persona políticamente expuesta. ARTÍCULO 303 (INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRESPONSALES). Las instituciones de intermediación financiera, las empresas de servicios financieros y las empresas de transferencia de fondos deberán aplicar procedimientos de debida diligencia especiales cuando establezcan relaciones de corresponsalía con instituciones financieras del exterior, en condiciones operativas que habiliten a éstas a mantener cuentas o realizar pagos o transferencias de fondos o valores para sus propios clientes por intermedio de la institución de plaza. A tales efectos, las instituciones deberán: 1) Obtener información suficiente sobre dichas instituciones del exterior para conocer: a) la naturaleza de su negocio, la reputación de la institución, gerenciamiento, actividades principales y dónde están localizadas; b) propósito de la cuenta o transacción; c) regulación y supervisión en su país, incluyendo si ha sido objeto o no de una investigación sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo o de una acción regulatoria. 2) Evaluar las políticas y procedimientos de la institución del exterior, incluyendo los controles implementados, para prevenirse de ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre otros. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 3) Entender y documentar las respectivas responsabilidades de cada entidad. 4) Obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer la relación de corresponsalía. Las instituciones financieras del exterior a que se hace referencia en este artículo deberán ser operadores autorizados de los mercados bancario, cambiario, asegurador, de valores, de remesas u otros mercados financieros formales del exterior, estar sujetas a regulación y supervisión, y tener políticas de aceptación y conocimiento de sus clientes que hayan sido evaluadas favorablemente por la institución local. No deberán establecerse relaciones de negocios con instituciones financieras constituidas en jurisdicciones que no requieran presencia física ni establecer relaciones de corresponsalía con instituciones financieras extranjeras, cuando éstas permitan que sus cuentas sean utilizadas por este tipo de instituciones. ARTÍCULO 304 (SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS PARA PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). La utilización de servicios de terceros para realizar los procedimientos de debida diligencia requerirá la autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros en forma previa a efectuar dicha contratación y deberá cumplir con lo siguiente: 1) Los terceros estarán obligados a aplicar los procedimientos de debida diligencia de clientes establecidos por la institución. 2) La institución deberá obtener y conservar la información y documentación relativa a la identificación y conocimiento del cliente en todos los casos, tal como si los procedimientos de debida diligencia hubieran sido completados directamente por ésta. 3) La institución mantendrá en todo momento la responsabilidad final por la adecuada identificación y conocimiento de los mismos, debiendo verificar la adecuada aplicación de sus procedimientos a los clientes cuya debida diligencia sea realizada por un tercero. 4) No podrán utilizarse los servicios de terceros para la realización del monitoreo de cuentas y transacciones a los efectos de detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Se consideran autorizadas aquellas tercerizaciones de procedimientos de debida diligencia con clientes que cumplan con lo dispuesto en los numerales 1) a 4) precedentes y los requerimientos que se detallan a continuación: a. El tercero que preste el servicio deberá estar inscripto ante el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras, y ser regulado y supervisado o monitoreado por éste, especialmente en cuanto al cumplimiento de los requisitos de debida diligencia de clientes y mantenimiento de registros, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. b. El tercero que preste el servicio deberá estar radicado en un país que no esté siendo objeto de medidas especiales por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAF!) y que no esté incluido en la lista de países que no cumplen con los criterios de transparencia y cooperación en materia fiscal emitida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). C. Los servicios a tercerizar deberán estar detallados en un contrato entre las partes el que deberá contener, como mínimo, las siguientes cláusulas: c.1. la obligación del tercero contratado de mantener el contacto personal con el potencial cliente o, en su defecto, establecer que el contacto personal lo realizará la propia institución. c.2. la documentación necesaria para verificar la identidad del cliente. c.3. la información y documentación financiera que el tercero deberá relevar para obtener adecuado conocimiento de la actividad económica desarrollada por el potencial cliente, y la forma en que se verificará la misma. c.4. la documentación que deberá completar y suscribir el cliente dependiendo del servicio a prestar por la institución una vez aceptado (contratos de apertura de cuenta, formularios de conocimiento del cliente para nuevas vinculaciones o actualización de información, etc.). c.5. la obligación del tercero contratado de poner en conocimiento del potencial cliente que no se iniciará ningún vínculo comercial en tanto la entidad no lo acepte formalmente. c.6. compromisos de confidencialidad y protección de datos personales. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY La información y documentación mencionadas en los literales c.2 a c.4 deberá ser consistente con las requeridas por la institución para el resto de sus clientes, de acuerdo con el perfil de los mismos. d. La institución deberá: d.1 mantener en sus oficinas información suficiente y actualizada que acredite la idoneidad y antecedentes del tercero contratado, así como una declaración del mismo acerca del personal que realizará la debida diligencia, que acredite que conoce la regulación vigente en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo aplicable a la institución contratante y los procedimientos de debida diligencia a aplicar. La información y documentación mencionadas deberán actualizarse como mínimo cada 2 (dos) años. d.2 contar con un listado de clientes cuya debida diligencia fue realizada por un tercero. En el caso de las instituciones de intermediación financiera, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente aún cuando los servicios de debida diligencia con clientes hayan sido provistos a la institución por su casa matriz o las dependencias de ésta en el exterior. ARTÍCULO 305 (FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE PORTAFOLIOS). Las instituciones de intermediación financiera que brinden servicios de referenciamiento, asesoramiento o gestión de portafolios a clientes de otras instituciones financieras del exterior que estén sujetas a regulación y supervisión, podrán limitarse a identificar adecuadamente a los mismos, debiendo mantener los registros requeridos por la normativa, siempre que: - las políticas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la institución financiera del exterior hayan sido evaluadas favorablemente por la institución de plaza, y - los servicios sean prestados en el marco de contratos en los que se establezca en forma clara la responsabilidad de tales instituciones por la aplicación de los procedimientos de debida diligencia. La identificación antes mencionada se realizará obteniendo la siguiente información: 1) Personas físicas: a) nombre y apellidos completos; Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY a) fecha y lugar de nacimiento; b) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial. 2) Personas jurídicas: a) denominación; b) domicilio y número de teléfono; c) número de inscripción en el Registro Único Tributario, si correspondiera dicha inscripción. Deberán obtenerse, además, los datos a que refieren los literales a) a c) del numeral 1) precedente respecto de los representantes de la persona jurídica. No obstante, si en el cumplimiento de estas funciones las instituciones de intermediación financiera recibieran de terceros -a cualquier título- sumas de dinero, títulos valores o metales preciosos, deberán ceñirse a lo dispuesto en este Libro y en el artículo 550. INCORPORAR en el Capítulo 1! — Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | — Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el siguiente artículo: ARTÍCULO 305.1 (SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD). Las instituciones de intermediación financiera, las empresas de servicios financieros y las casas de cambio que presten a clientes el servicio de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 316.51 literal c) y 316.58, además de lo establecido en el presente Título. Cuando se trate de clientes a los que sólo se les preste el referido servicio, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Título VI respecto de dichos clientes. SUSTITUIR en el Capítulo Il — Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título | — Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 306 por el siguiente: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy 10. BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ARTÍCULO 306 (IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR U ORDENANTE EN LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS EMITIDAS). Las transferencias de fondos comprenden los giros y transferencias, domésticas y del exterior, recibidos y emitidos por las instituciones, siendo la contraparte otra institución financiera y cualquiera sea la modalidad operativa utilizada para su ejecución (transferencias electrónicas, instrucciones por vía telefónica, fax, Internet, etc.). Las instituciones que originen transferencias de fondos deberán incluir, en el propio mensaje que instruya la transferencia, información precisa y significativa respecto del titular u ordenante, incluyendo el nombre completo; su domicilio o el número de identificación, y el número de cuenta para lo que se recabará el consentimiento previo del cliente si se considera necesario. Si el cliente no otorga la autorización solicitada, la institución no deberá cursar la operación. También deberán identificar adecuadamente a los beneficiarios de las transferencias, registrando en el propio mensaje el nombre completo y su número de cuenta. En los giros se deberá incluir un número identificatorio único de referencia de la transacción. Asimismo, y cuando el ordenante sea una persona jurídica, se deberá identificar además a la persona física que la represente en la transacción, procediendo a verificar la información sobre su identidad y representación. En el caso de las transferencias domésticas entre cuentas bancarias por importes menores o iguales a U$S 10.000 (dólares estadounidenses diez mil) o su equivalente en otras monedas, el mensaje podrá incluir solamente el número de la cuenta del ordenante y beneficiario, siempre que la institución que la origina pueda rastrear la transacción y completar la información a solicitud de la institución beneficiaria o de las autoridades competentes en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas hábiles. Las instituciones no deberán cursar transferencias si no cuentan con todos los datos exigidos precedentemente. SUSTITUIR en la Sección | — Cuentas básicas de ahorro, del Capítulo Il BIS — Procedimientos de debida diligencia simplificados, del Título | — Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 311.1, 311.3 y 311.4, por los siguientes: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ARTÍCULO 311.1 (CUENTAS BÁSICAS DE AHORRO - DEFINICIÓN). Las cuentas básicas de ahorro son aquellas cuentas de depósito en bancos y cooperativas de intermediación financiera que cumplen con las siguientes condiciones: a. Serán abiertas por personas físicas nacionales o extranjeras residentes. b. Estarán denominadas en moneda nacional o unidades indexadas. c. La suma de los depósitos mensuales no podrá superar las 7.000 Ul (siete mil unidades indexadas). Esta restricción no operará al momento de realizar el depósito inicial para la apertura de la cuenta, el cual tendrá como límite máximo 24.000 Ul (veinticuatro mil unidades indexadas). d. El saldo al cierre del mes no podrá exceder de 24.000 Ul (veinticuatro mil unidades indexadas). e. Sólo admitirán retiros y depósitos en efectivo, pagos mediante débito a la cuenta y transferencias domésticas. ARTÍCULO 311.3 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA APLICABLES A CUENTAS BÁSICAS DE AHORRO). Los bancos y las cooperativas de intermediación financiera podrán aplicar procedimientos de debida diligencia simplificados en el caso de las cuentas básicas de ahorro a que refiere el artículo 311.1. Los referidos procedimientos se limitarán a: 1) Recabar la información a que refiere el artículo 311.4. 2) Determinar cuando un cliente es una persona políticamente expuesta. 3) Verificar que los titulares de estas cuentas no figuren en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva. 4) Controlar que las cuentas operen dentro de las condiciones definidas en los artículos 311.1 y 311.2. 5) Conservar la información en los términos del artículo 297.2. Cuando se superen los límites establecidos, las instituciones deberán aplicar los procedimientos de debida diligencia adicionales que correspondan según lo establecido en el Capítulo Il, debiendo comunicar previamente al cliente que dejará de operar en el régimen de cuenta básica de ahorro. ARTÍCULO 311.4 (DATOS MÍNIMOS A SOLICITAR EN CASO DE CUENTAS BASICAS DE AHORRO). Para proceder a la apertura de las cuentas básicas de ahorro, los bancos y las cooperativas de intermediación financiera deberán obtener -como mínimo- la siguiente información: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY a) nombre y apellidos completos; b) fecha y lugar de nacimiento; c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; d) domicilio y número de teléfono. 11. SUSTITUIR en la Sección IIl — Cuentas simplificadas para empresas de reducida dimensión económica, del Capítulo Il BIS — Procedimientos de debida diligencia simplificados, del Título | — Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los artículos 311.8 y 311.9 por los siguientes: ARTÍCULO 311.8 (DATOS MÍNIMOS - CUENTAS SIMPLIFICADAS PARA EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN ECONÓMICA). Para proceder a la apertura de las cuentas simplificadas para empresas de reducida dimensión económica a que refiere el artículo 473.1, las instituciones de intermediación financiera deberán obtener -como mínimo- la siguiente información: 1) Personas físicas - empresas unipersonales - integrantes de sociedades de hecho a) nombre y apellido completo; b) fecha y lugar de nacimiento; c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; d) domicilio y número de teléfono; e) número de inscripción en el Registro Unico Tributario, si correspondiera dicha inscripción; f) volumen de ingresos mensuales estimados de la empresa. Los datos a que refieren los literales a) a d) precedentes deberán obtenerse respecto de todos los titulares, apoderados, representantes y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución. 2) Personas jurídicas a) denominación; b) domicilio y número de teléfono; c) número de inscripción en el Registro Unico Tributario, si correspondiera dicha inscripción; d) volumen de ingresos mensuales estimados de la empresa. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Deberán obtenerse, además, los datos a que refieren los literales a) a d) del numeral 1) precedente respecto de los socios de la persona jurídica, así como de los titulares, apoderados, representantes y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución. La identificación de los socios corresponderá toda vez que los mismos posean un porcentaje del capital superior al 15%. ARTÍCULO 311.9 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA APLICABLES A CUENTAS SIMPLIFICADAS PARA EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN ECONÓMICA). Las instituciones de intermediación financiera podrán aplicar procedimientos de debida diligencia simplificados en el caso de las cuentas para empresas de reducida dimensión económica a que refiere el artículo 473.1, en tanto se cumplan las siguientes condiciones: ¡i) Las acreditaciones totales anuales a la cuenta no superen 305.000 Ul (trescientos cinco mil unidades indexadas) o su equivalente en otras monedas. ¡i) No habiliten a recibir o realizar transferencias al exterior. 111) Es la única cuenta que la empresa de reducida dimensión económica mantiene en el sistema financiero. Los referidos procedimientos se limitarán a: 1) Recabar la información a que refiere el artículo 311.8. 2) Determinar cuando un cliente es una persona políticamente expuesta. 3) Verificar que los titulares de estas cuentas no figuren en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva. 4) Controlar que las cuentas operen dentro de las condiciones definidas en los apartados ¡) a ¡¡¡) precedentes. 5) Conservar la información en los términos del artículo 297.2. Cuando se modifiquen las referidas condiciones, las instituciones deberán aplicar los procedimientos de debida diligencia adicionales que correspondan según lo establecido en el Capítulo 11. 12. SUSTITUIR en la Sección IV — Cuentas e instrumentos de dinero electrónico para pago de nómina, honorarios profesionales, pasividades y beneficios sociales y otras prestaciones, del Capítulo ll BIS -— Procedimientos de debida diligencia simplificados, del Título | — Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY terrorismo, del Libro Ill - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 311.11 por el siguiente: ARTÍCULO 311.11 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA APLICABLES A CUENTAS E INSTRUMENTOS DE DINERO ELECTRÓNICO PARA PAGO DE NÓMINA, HONORARIOS PROFESIONALES, PASIVIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES). Las instituciones de intermediación financiera podrán aplicar procedimientos de debida diligencia simplificados en el caso de las cuentas e instrumentos de dinero electrónico para pago de nómina, honorarios profesionales, pasividades y beneficios sociales y otras prestaciones a que refiere el artículo 473.2, en tanto se cumplan las siguientes condiciones: i. Los fondos a acreditar por concepto de los referidos pagos provienen de transferencias bancarias domésticas o instrumentos de dinero electrónico. ii. Los fondos recibidos no superen 25.400 Ul (veinticinco mil cuatrocientas unidades indexadas) mensuales o su equivalente en otras monedas. iii. No habiliten a recibir o realizar transferencias al exterior. iv. Es la única cuenta o instrumento para el pago de nómina, honorarios profesionales, pasividades y beneficios sociales y otras prestaciones que el titular mantiene en el sistema financiero. Cuando la empresa empleadora que transfiere los fondos es cliente de la institución financiera o los fondos a acreditar provienen de un organismo de seguridad social o de una empresa aseguradora, el umbral a que refiere el apartado ¡¡) precedente será de hasta 82.000 Ul (ochenta y dos mil unidades indexadas) mensuales o su equivalente en otras monedas. Los referidos procedimientos se limitarán a: 1) Recabar la información a que refiere el artículo 311.10. 2) Determinar cuando un cliente es una persona políticamente expuesta. 3) Verificar que los titulares no figuren en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva. 4) Controlar que las cuentas e instrumentos operen dentro de las condiciones definidas en los apartados ¡) a iv) precedentes. 5) Conservar la información en los términos del artículo 297.2. Cuando se modifiquen las referidas condiciones, las instituciones deberán aplicar los procedimientos de debida diligencia adicionales que correspondan según lo establecido en el Capítulo 11. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 13. SUSTITUIR en el Capítulo IV — Reportes, del Capítulo 1! BIS — Procedimientos de debida diligencia simplificados, del Título | — Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro lll - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 313 por el siguiente: ARTÍCULO 313 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Las instituciones estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones, realizadas o no, que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aun involucrando activos de origen lícito - se sospeche que están vinculadas a personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a financiar cualquier actividad terrorista. La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y aun cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la institución ya sea porque el cliente desistió de realizarla o porque la institución resolvió no dar curso a la misma. La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero a esos efectos. 14. RENOMBRAR el Título Il - Prevención del uso de las representaciones, empresas administradoras de crédito de mayores activos, prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos, empresas de transporte de valores y empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro 11! - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el que pasará a denominarse “Título Il - Prevención del uso de las empresas administradoras de crédito de mayores activos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”. 15. INCORPORAR en el Título 11 - Prevención del uso de las empresas administradoras de crédito de mayores activos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro lll — Protección del sistema financiero contra actividades Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy 16. 17. BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ilícitas, el Capítulo | — Sistema integral de prevención para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el que contendrá el artículo 316 SUSTITUIR en el Capítulo | — Sistema integral de prevención para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título Il - Prevención del uso de las empresas administradoras de crédito de mayores activos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el artículo 316 por el siguiente: ARTÍCULO 316 (SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos deberán implantar un sistema integral para prevenirse de ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes. La aplicación del mismo deberá extenderse a toda la organización incluyendo a las sucursales y subsidiarias, en el país y en el exterior. En tal caso, las instituciones deberán verificar que sus sucursales o subsidiarias en el exterior apliquen adecuadamente todas las medidas de prevención y control previstas por dicho sistema integral. Cuando los requisitos mínimos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo del país sede de la sucursal o subsidiaria sean menos estrictos que los de nuestro país, las instituciones deberán asegurarse que éstas implementen los requisitos de nuestro país, en la medida en que lo permita la normativa del país sede. Si dicho país no permite su implementación, las instituciones deben aplicar medidas adicionales apropiadas para manejar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo e informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero. La dirección de las instituciones debe mostrar total compromiso con el funcionamiento del sistema preventivo, estableciendo políticas y procedimientos apropiados y asegurando su efectividad. INCORPORAR en el Capítulo | — Sistema integral de prevención para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título Il - Prevención del uso de las empresas administradoras de crédito de mayores activos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los siguientes artículos: ARTÍCULO 316.1 (COMPONENTES DEL SISTEMA). El sistema exigido por el artículo 316 deberá incluir los siguientes elementos: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY a. Políticas y procedimientos de debida diligencia que les permitan prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. b. Políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: ¡. un alto nivel de integridad del mismo. Se deberán considerar aspectos tales como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo. ii. una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la forma de proceder en cada situación. c. Un oficial de cumplimiento que será el responsable de la implantación, el seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema, debiendo promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos aplicados por la institución. Además será el funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. También será responsable de documentar de forma adecuada la evaluación de riesgos realizada por la institución y los procedimientos de control establecidos para mitigarlos, conservando la información sobre los controles, análisis de operaciones y otras actividades desarrolladas por los integrantes del área a su cargo. ARTÍCULO 316.2 (CÓDIGO DE CONDUCTA). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos deberán adoptar un código de conducta, aprobado por su máximo órgano ejecutivo con notificación a sus socios o accionistas, que refleje el compromiso institucional asumido a efectos de evitar el uso del sistema financiero para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y en el que se expongan las normas éticas y profesionales que, con carácter general, rigen sus acciones en la materia. El código de conducta deberá ser debidamente comunicado a todo el personal. A estos efectos resultan de aplicación las normas contenidas en los artículos 486 a 488. Disposición Transitoria: Las empresas administradoras de crédito de mayores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adoptar un Código de Conducta de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ARTÍCULO 316.3 (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). El Oficial de Cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal superior, pudiendo ser desempeñada la función por uno de los propietarios de la empresa. Debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, la jerarquía dentro de la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en forma autónoma y eficiente. 18. INCORPORAR en el Título 11 - Prevención del uso de las empresas administradoras de crédito de mayores activos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro lll — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el Capítulo 11 — Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes. 19. INCORPORAR en el Capítulo Il — Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del Título Il - Prevención del uso de las empresas administradoras de crédito de mayores activos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los siguientes artículos: ARTÍCULO 316.4 (POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos deberán definir políticas y procedimientos de debida diligencia que deberán aplicarse a todos los nuevos clientes y asimismo a los clientes existentes, incluyendo a los comercios adheridos al sistema, que les permitan obtener un adecuado conocimiento de los mismos, así como del beneficiario final de la transacción, prestando especial atención al volumen y a la índole de los negocios u otras actividades económicas que los clientes desarrollen. Las instituciones no establecerán relaciones de negocios ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia antes referidos. Cuando se aprecie esta posibilidad en el curso de la relación de negocios, las instituciones pondrán fin a la misma, procediendo a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información y Análisis Financiero de acuerdo con la normativa en la materia. Las políticas y procedimientos definidos por la institución deberán contener, como mínimo: a) Medidas razonables para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY información acerca de la verdadera identidad del cliente así como de la persona en cuyo beneficio se lleve a cabo una transacción. b) Procedimientos para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información relativa a la actividad económica desarrollada por el cliente, que permitan justificar adecuadamente la procedencia de los fondos manejados. c) Reglas claras de aceptación de clientes, definidas en función de factores de riesgo tales como: país de origen, nivel de exposición política, tipo de negocio o actividad, personas vinculadas, tipo de producto requerido, volumen de operaciones, etc., que contemplen mecanismos especiales de análisis y requisitos de aprobación más rigurosos para las categorías de clientes de mayor riesgo. d) Sistemas de monitoreo de transacciones que permitan detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Las políticas y procedimientos a aplicar deberán considerar el nivel de riesgo del cliente y aquellas situaciones especiales que requieran una debida diligencia intensificada. Asimismo, las políticas y procedimientos podrán prever que, en casos excepcionales, las empresas administradoras de crédito de mayores activos no completen la debida diligencia cuando adviertan que de hacerlo se estaría alertando al cliente, debiendo reportar dicha situación a la Unidad de Información y Análisis Financiero en forma inmediata. Disposición Transitoria: Las empresas administradoras de crédito de mayores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.5 (IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE CLIENTES). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos no podrán tramitar transacciones sin la debida identificación de sus clientes, debiendo recabar información para establecer y registrar por medios eficaces su identidad, así como el propósito y naturaleza de la relación de negocios. No se deberá establecer una relación definitiva hasta tanto no se haya verificado de manera satisfactoria la identidad del cliente, para lo cual deberán considerar el resultado de la evaluación de riesgo realizada. La referida verificación podrá realizarse luego de iniciada la relación comercial siempre que sea necesario para no interrumpir el curso normal de la actividad. A tales efectos, las empresas dispondrán de un plazo máximo de 60 (sesenta) días Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY contados desde el inicio del vínculo, período durante el cual deberán realizar un monitoreo más intenso de las transacciones del cliente. Disposición Transitoria: Las empresas administradoras de crédito de mayores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuarse a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.6 (IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO FINAL). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos deberán recabar información para establecer y registrar por medios eficaces la identidad del beneficiario final de la transacción así como verificar su identidad. La referida verificación deberá realizarse considerando el resultado de la evaluación de riesgo realizada. Se exceptúa de la obligación de identificar al beneficiario final cuando se trate de clientes cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de las bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio, o sean propiedad, directa o indirectamente, de sociedades cuyos títulos de participación cumplan con el requisito antes mencionado, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. Dicha excepción aplica únicamente respecto de los títulos que cotizan en bolsa. Se entenderá por beneficiario final a las personas físicas que, directa oO indirectamente, posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación independiente o estructura jurídica. Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control. En el caso de los fideicomisos, la obligación establecida en el primer inciso alcanzará a las personas físicas que cumplan con alguna de las condiciones dispuestas en los incisos tercero a quinto en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Disposición Transitoria: Las empresas administradoras de crédito de mayores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ARTÍCULO 316.7 (INFORMACIÓN MÍNIMA). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos deberán obtener, como mínimo, la siguiente información de cada uno de sus clientes: 1) 2) Personas físicas a) nombre y apellido completo; b) fecha y lugar de nacimiento; c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; d) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; e) estado civil (si está casado o en unión concubinaria reconocida judicialmente, nombre y número del documento de identidad del cónyuge o concubino); f) domicilio y número de teléfono; g) profesión, oficio o actividad principal; h) volumen de ingresos. Se deberá hacer constar expresamente si el cliente está actuando por cuenta propia o en nombre de un tercero y, en este último caso, obtener los mencionados datos respecto del beneficiario final de la transacción. Asimismo, se deberán obtener los mencionados datos para las personas físicas que actúen en representación del cliente persona jurídica, así como para los apoderados y autorizados para operar en su nombre frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en el literal g). En lo que respecta al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas físicas así como del beneficiario final, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente. Personas jurídicas a) denominación; b) fecha de constitución; c) domicilio y número de teléfono; ) d) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; e) documentación acreditante de la constitución en forma de la respectiva entidad y de sus actuales autoridades y representantes; f) actividad principal; g) volumen de ingresos; h) estructura de propiedad y control de la sociedad, estableciendo quiénes son sus accionistas o propietarios y dejando constancia de quién es el beneficiario final o controlante de la sociedad, si fuera otra persona distinta de las Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY anteriores. La identificación de los accionistas o propietarios corresponderá toda vez que los mismos posean un porcentaje del capital superior al 15%; ¡i) constancia de inscripción en el Registro de beneficiarios finales (Ley Nro. 19.484 del 5 de enero de 2017). Los datos a que refiere el numeral 1), deberán obtenerse respecto del beneficiario final de la transacción. Asimismo, se deberán obtener los mencionados datos para las personas físicas que actúen en representación del cliente persona jurídica, así como para los apoderados y autorizados para operar en su nombre frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en el literal g). En lo que respecta al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas físicas así como del beneficiario final, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente. Disposición Transitoria: Las empresas administradoras de crédito de mayores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo.0 ARTÍCULO 316.8 (CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos deberán conservar los registros de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, tanto nacionales como internacionales, incluyendo además, toda la información de conocimiento del cliente obtenida en el proceso de debida diligencia por un plazo mínimo de 5 (cinco) años después de terminada la relación comercial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nro. 19.574 del 20 de diciembre de 2017. ARTÍCULO 316.9 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA — DILIGENCIA INTENSIFICADA). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos deberán aplicar procedimientos de debida diligencia intensificada para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con lo que surja de la evaluación de riesgo realizada por la institución. No obstante, serán considerados como de mayor riesgo: a) las relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes, en especial los que provengan de países que no cumplen con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. b) las transacciones de aquellas personas que se vinculen con la entidad a través de operativas en las que no sea habitual el contacto personal (presencia física), como en el caso de los clientes no residentes, en las operaciones por internet o a través Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy c) BANCO CENTRAL DEL URUGUAY de cualquier otra modalidad operativa que, utilizando tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda favorecer el anonimato de los clientes. las personas políticamente expuestas así como sus familiares y asociados cercanos. d) todas aquellas operaciones que se realizan en circunstancias inusuales conforme En a los usos y costumbres de la respectiva actividad. aplicación de los procedimientos de debida diligencia intensificada, las instituciones deberán: o o . obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer o continuar una relación con este tipo de clientes. elaborar un informe circunstanciado en el que se incluirá el perfil de actividad asignado para monitorear adecuadamente las transacciones del cliente y se explicitarán todos los elementos que hayan sido considerados para determinar dicho perfil. El informe deberá estar adecuadamente respaldado por documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. A estos efectos, se deberá contar con estados contables con informe de Contador Público, declaraciones de impuestos, estados de responsabilidad, actas de distribución de utilidades, contratos de compraventa u otra documentación que permita cumplir con lo señalado precedentemente. No obstante ello, en todos los casos se deberá contar con copias de las declaraciones juradas o documentación equivalente presentadas ante la administración tributaria correspondiente. En el caso de las personas comprendidas en el literal c) cuyas transacciones anuales de acuerdo con su perfil de actividad, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dólares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalente en otras monedas, o realicen transacciones por hasta dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo se requerirá la documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el volumen acumulado de transacciones. aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente. realizar un monitoreo más intenso de la relación comercial, incrementando la cantidad y frecuencia de los controles aplicados. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Para aquellos clientes que operen por montos significativos también deberá cumplirse con lo dispuesto en los numerales ii. y iii. Disposición Transitoria: Las empresas administradoras de crédito de mayores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.10 (TRANSACCIONES CON PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL). Se consideran países o territorios que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional aquellos que: i) no sean miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza tales como: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT, Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Grupo de prevención del blanqueo de capitales de África del Sur y del Este (MENAFATF) y Grupo Asia/Pacífico en materia de blanqueo de capitales (APG), etc.; o ¡¡) estén siendo objeto de medidas especiales por parte de alguno de los grupos mencionados en el literal anterior por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente. Los resultados del análisis efectuado para determinar el carácter legítimo de las transacciones con personas y empresas - incluidas las instituciones financieras- residentes en los países o a que refieren los numerales ¡) y ii) deberán plasmarse por escrito y mantenerse a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros. Disposición Transitoria: Las empresas administradoras de crédito de mayores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.11 (PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS). Se entiende por “personas políticamente expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. Las empresas administradoras de crédito de mayores activos deberán contar con procedimientos que les permitan determinar cuando un cliente o beneficiario final es persona políticamente expuesta, familiar o asociado cercano de una persona políticamente expuesta. Disposición Transitoria: Las empresas administradoras de crédito de mayores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.12 (SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS PARA PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). La utilización de servicios de terceros para realizar los procedimientos de debida diligencia requerirá la autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros en forma previa a efectuar dicha contratación y deberá cumplir con lo siguiente: 1) Los terceros estarán obligados a aplicar los procedimientos de debida diligencia de clientes establecidos por la institución. 2) La institución deberá obtener y conservar la información y documentación relativa a la identificación y conocimiento del cliente en todos los casos, tal como si los procedimientos de debida diligencia hubieran sido completados directamente por ésta. 3) La institución mantendrá en todo momento la responsabilidad final por la adecuada identificación y conocimiento de los mismos, debiendo verificar la adecuada aplicación de sus procedimientos a los clientes cuya debida diligencia sea realizada por un tercero. 4) No podrán utilizarse los servicios de terceros para la realización del monitoreo de cuentas y transacciones a los efectos de detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. ARTÍCULO 316.13 (CONFIDENCIALIDAD). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos no podrán poner en conocimiento de las personas involucradas ni de terceros, las actuaciones o informes que ellas realicen o produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en respuesta a una solicitud de información que le haya formulado la Unidad de Información y Análisis Financiero. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ARTÍCULO 316.14 (EXAMEN DE OPERACIONES). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos deberán prestar atención a aquellas transacciones que resulten inusuales o complejas o de gran magnitud y dejar constancia escrita de: ¡i) los controles y verificaciones que realicen para determinar sus antecedentes y finalidades y ii) las conclusiones del examen realizado, en las que se especificarán los elementos que se tomaron en cuenta para confirmar o descartar la inusualidad de la operación. También deberán dejar constancia de los controles realizados para determinar la existencia de bienes o transacciones que puedan estar vinculadas con las personas u organizaciones relacionadas con actividades terroristas indicadas en el artículo 316.17. Toda la información mencionada en este artículo deberá mantenerse a disposición del Banco Central del Uruguay y de los auditores externos de la institución cuando corresponda. Disposición Transitoria: Las empresas administradoras de crédito de mayores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.15 (GUÍAS DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). La Unidad de Información y Análisis Financiero dictará guías de transacciones que ayuden a detectar patrones sospechosos en el comportamiento de los clientes de los sujetos obligados a informar. Las empresas administradoras de crédito de mayores activos deberán difundir el contenido de estas guías entre su personal a efectos de alertarlos respecto al potencial riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociado a las transacciones allí reseñadas. 20. INCORPORAR en el Título 11 - Prevención del uso de las empresas administradoras de crédito de mayores activos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro lll — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el Capítulo 111 — Procedimientos de debida diligencia simplificada. 21. INCORPORAR en el Capítulo 111 - Procedimientos de debida diligencia simplificada, del Título Il - Prevención del uso de las empresas administradoras de crédito de mayores activos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Libro 11! — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el siguiente artículo: ARTÍCULO 316.15.1 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA — DILIGENCIA SIMPLIFICADA). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos podrán aplicar procedimientos de debida diligencia simplificada para aquellos clientes que realicen transacciones de carácter no permanente por un monto, individual o acumulado, inferior a U$S 15.000 (dólares estadounidenses quince mil) o su equivalente en otras monedas. Los referidos procedimientos se limitarán a: 1. Recabar la información y documentación que se indica a continuación: - Personas físicas a) nombre y apellido completo; b) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; c) domicilio y número de teléfono. - Personas jurídicas a) denominación; b) domicilio y número de teléfono; c) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; d) identificación de la persona física que realiza la operación en los términos previstos precedentemente, acreditando además su calidad de representante. 2. Determinar cuando un cliente es una persona políticamente expuesta. 3. Verificar que no figuren en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva; 4. Monitorear que los clientes operen dentro de las condiciones definidas en el primer párrafo de este artículo. 5. Conservar la información en los términos del artículo 316.8. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Disposición Transitoria: Las empresas administradoras de crédito de mayores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 22. INCORPORAR en el Título 11 - Prevención del uso de las empresas administradoras de crédito de mayores activos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro lll — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el Capítulo IV — Reportes. 23. INCORPORAR en el Capítulo IV — Reportes, del Título II - Prevención del uso de las empresas administradoras de crédito de mayores activos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los siguientes artículos: ARTÍCULO 316.16 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones, realizadas o no, que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que —aun involucrando activos de origen lícito — se sospeche que están vinculadas a personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a financiar cualquier actividad terrorista. La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y aun cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la institución ya sea porque el cliente desistió de realizarla o porque la institución resolvió no dar curso a la misma. La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero a esos efectos. ARTÍCULO 316.17 (DEBER DE INFORMAR SOBRE BIENES VINCULADOS CON EL TERRORISMO). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ¡. haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva; ii. haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. ARTÍCULO 316.18 (REPORTE INTERNO DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Las empresas administradoras de crédito de mayores activos deberán instrumentar y dar a conocer a su personal, procedimientos internos que aseguren que todas aquellas transacciones que puedan ser consideradas como sospechosas o inusuales sean puestas en conocimiento del Oficial de Cumplimiento. Los canales de reporte de operaciones sospechosas deben estar claramente establecidos por escrito y ser comunicados a todo el personal. Disposición Transitoria: Las empresas administradoras de crédito de mayores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. 24. SUSTITUIR en el Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el Título 1Il - Otras disposiciones, que contiene el artículo 317, por el siguiente: “Título 11l - Prevención del uso de las empresas administradoras de crédito de menores activos y los prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos, para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, incorporando en el mismo Libro lll, el siguiente título: Título VIII - Otras disposiciones, el que contendrá el artículo 317. 25. INCORPORAR en el Título 11l - Prevención del uso de las empresas administradoras de crédito de menores activos y los prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos, para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los siguientes artículos: ARTÍCULO 316.19 (PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). Las empresas administradoras de crédito de menores activos y los prestadores de servicios de administración, contabilidad y procesamiento de datos deberán: a) Establecer políticas y procedimientos que les permitan prevenir, detectar y Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy b) BANCO CENTRAL DEL URUGUAY reportar operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A esos efectos, las empresas administradoras de crédito de menores activos deberán considerar el establecimiento de reglas para conocer adecuadamente a sus clientes, incluyendo a los comercios adheridos al sistema, así como identificar a las personas con quienes se opere y mantener los registros de las transacciones realizadas con las mismas. En el caso de los prestadores de servicios de administración, contabilidad y procesamiento de datos, deberán definir el alcance y la profundidad de las medidas de control a implementar en base a la evaluación de riesgo que realicen, teniendo en cuenta la actividad de sus clientes y la índole de los servicios que se les proporciona. Establecer políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: e un alto nivel de integridad del mismo. Las empresas administradoras de crédito deberán considerar aspectos tales como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo. e una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la forma de proceder en cada situación. Designar un oficial de cumplimiento que será el responsable de la implantación, el seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema preventivo, debiendo promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos aplicados por la institución. Además será el funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. En el caso de las empresas administradoras de crédito de menores activos, el Oficial de Cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal superior, pudiendo ser desempeñada la función por uno de los propietarios de la empresa. Debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, la jerarquía dentro de la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en forma autónoma y eficiente. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Disposiciones Transitorias: 1) Las empresas administradoras de crédito de menores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuarse a lo dispuesto en el presente artículo. 2) Los prestadores de servicios de administración, contabilidad y procesamiento de datos dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuarse a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.20 (CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN). Las empresas administradoras de crédito de menores activos y los prestadores de servicios de administración, contabilidad y procesamiento de datos deberán conservar los registros de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, así como toda la información obtenida en el proceso de debida diligencia, por un plazo mínimo de 5 (cinco) años después de terminada la relación comercial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nro. 19.574 del 20 de diciembre de 2017. ARTÍCULO 316.21 (CONFIDENCIALIDAD). Las empresas administradoras de crédito de menores activos y los prestadores de servicios de administración, contabilidad y procesamiento de datos no podrán poner en conocimiento de las personas involucradas ni de terceros, las actuaciones o informes que realicen o produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en respuesta a una solicitud de información que le haya formulado la Unidad de Información y Análisis Financiero. ARTÍCULO 316.22 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Las empresas administradoras de crédito de menores activos y los prestadores de servicios de administración, contabilidad y procesamiento de datos estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones, realizadas o no, que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que —aun involucrando activos de origen lícito — se sospeche que están vinculadas a personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a financiar cualquier actividad terrorista. La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y aun cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY institución ya sea porque el cliente desistió de realizarla o porque la institución resolvió no dar curso a la misma. La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero a esos efectos. Disposición Transitoria: Las empresas administradoras de crédito de menores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a lo dispuesto en el presente artículo. ARTÍCULO 316.23 (DEBER DE INFORMAR SOBRE BIENES VINCULADOS CON EL TERRORISMO). Las empresas administradoras de crédito de menores activos y los prestadores de servicios de administración, contabilidad y procesamiento de datos deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: ¡. haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva; ii. haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. Disposición Transitoria: Las empresas administradoras de crédito de menores activos dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a lo dispuesto en el presente artículo. 26. INCORPORAR en el Libro 11! - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el Título IV - Prevención del uso de las representaciones para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 27. INCORPORAR en el Título IV - Prevención del uso de las representaciones para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro 1!l — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los siguientes artículos: ARTÍCULO 316.24 (PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). Las representaciones deberán: a) Establecer políticas y procedimientos que les permitan prevenir, detectar y Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY reportar a las autoridades competentes las transacciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. b) Establecer políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: ¡. un alto nivel de integridad del mismo. Se deberán considerar aspectos tales como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo. ii. una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la forma de proceder en cada situación. c) Designar un oficial de cumplimiento que será el responsable de la implantación, el seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema preventivo, debiendo promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos aplicados por la institución. Además será el funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. ARTÍCULO 316.25 (CÓDIGO DE CONDUCTA). Las representaciones deberán adoptar un código de conducta, aprobado por su máximo órgano ejecutivo con notificación a sus socios o accionistas, que refleje el compromiso institucional asumido a efectos de evitar el uso del sistema financiero para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y en el que se expongan las normas éticas y profesionales que, con carácter general, rigen sus acciones en la materia. El código de conducta deberá ser debidamente comunicado a todo el personal. A estos efectos resultan de aplicación las normas contenidas en los artículos 486 a 488. Disposición Transitoria: Las representaciones dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adoptar un Código de Conducta de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. ARTÍCULO 316.26 (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). El Oficial de Cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal superior, pudiendo ser desempeñada la función por uno de los propietarios de la empresa. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, la jerarquía dentro de la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en forma autónoma y eficiente. ARTÍCULO 316.27 (POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). Las representaciones deberán definir políticas y procedimientos de debida diligencia que deberán aplicarse a todos los nuevos clientes y asimismo, a los clientes existentes, que les permitan obtener un adecuado conocimiento de los mismos, así como del beneficiario final de la transacción. Las instituciones no establecerán relaciones de negocios cuando no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia antes referidos. Cuando se aprecie esta posibilidad en el curso de la relación de negocios, las instituciones pondrán fin a la misma, procediendo a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información y Análisis Financiero de acuerdo con la normativa en la materia. Las políticas y procedimientos definidos por la institución deberán contener, como mínimo: a) Medidas razonables para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información acerca de la verdadera identidad del cliente así como de la persona en cuyo beneficio se lleve a cabo una transacción. b) Procedimientos para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información relativa a la actividad económica desarrollada por el cliente, que permitan justificar adecuadamente la procedencia de los fondos manejados. c) Reglas claras de aceptación de clientes, definidas en función de factores de riesgo tales como: país de origen, nivel de exposición política, tipo de negocio o actividad, personas vinculadas, tipo de producto requerido, volumen de operaciones, etc., que contemplen mecanismos especiales de análisis y requisitos de aprobación más rigurosos para las categorías de clientes de mayor riesgo. d) Sistemas de monitoreo de transacciones que permitan detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Asimismo, las políticas y procedimientos podrán prever que, en casos excepcionales, las instituciones no completen la debida diligencia cuando adviertan que de hacerlo se estaría alertando al cliente, debiendo reportar dicha situación a la Unidad de Información y Análisis Financiero en forma inmediata. Se exceptúa de la obligación de identificar al beneficiario final cuando se trate de clientes cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de las bolsas de Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio, o sean propiedad, directa o indirectamente, de sociedades cuyos títulos de participación cumplan con el requisito antes mencionado, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. Dicha excepción aplica únicamente respecto de los títulos que cotizan en bolsa. En caso que en el contrato con el representado se establezca en forma clara la responsabilidad de éste por la aplicación de los procedimientos de debida diligencia, el representante podrá limitarse a identificar adecuadamente al cliente y mantener registros de todas las gestiones realizadas, los que deberán estar a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros. La identificación antes mencionada se realizará obteniendo la siguiente información: 1) Personas físicas: a) nombre y apellidos completos; b) fecha y lugar de nacimiento; c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial. 2) Personas jurídicas: a) denominación; b) domicilio y número de teléfono; c) número de inscripción en el Registro Unico Tributario, si correspondiera dicha inscripción. Deberán obtenerse, además, los datos a que refieren los literales a) a c) del numeral 1) precedente respecto de los representantes de la persona jurídica. Disposición Transitoria: Las representaciones dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.28 (DEFINICIÓN DE BENEFICIARIO FINAL). Se entenderá por beneficiario final a las personas físicas que, directa oO indirectamente, posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación independiente o estructura jurídica. Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control. En el caso de los fideicomisos, la obligación establecida en el artículo 316.27 alcanzará a las personas físicas que cumplan con alguna de las condiciones dispuestas en los incisos precedentes en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario. ARTÍCULO 316.29 (INFORMACIÓN MÍNIMA). Las representaciones deberán obtener, como mínimo, la siguiente información de cada uno de sus clientes: 1) Personas físicas 2) a) b) c) d) e) f) 9) h) nombre y apellido completo; fecha y lugar de nacimiento; copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; estado civil (si está casado o en unión concubinaria reconocida judicialmente, nombre y número del documento de identidad del cónyuge o concubino); domicilio y número de teléfono; profesión, oficio o actividad principal; volumen de ingresos. Se deberá hacer constar expresamente si el cliente está actuando por cuenta propia o en nombre de un tercero y, en este último caso, obtener los mencionados datos respecto del beneficiario final de la transacción. Asimismo, deberán obtenerse dichos datos respecto de los apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en el literal g). En lo que refiere al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas así como del beneficiario final, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente. Personas jurídicas a) b) c) d) e) denominación; fecha de constitución; domicilio y número de teléfono; número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; documentación acreditante de la constitución en forma de la respectiva entidad y de sus actuales autoridades y representantes; Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY f) actividad principal; g) volumen de ingresos; h) estructura de propiedad y control de la sociedad, estableciendo quiénes son sus accionistas o propietarios y dejando constancia de quién es el beneficiario final o controlante de la sociedad, si fuera otra persona distinta de las anteriores. La identificación de los accionistas o propietarios corresponderá toda vez que los mismos posean un porcentaje del capital superior al 15%; ¡i) constancia de inscripción en el Registro de beneficiarios finales (Ley Nro. 19.484 del 5 de enero de 2017). Los datos a que refiere el numeral 1), deberán obtenerse respecto del beneficiario final de la transacción. Asimismo, se deberán obtener los mencionados datos para las personas físicas que actúen en representación del cliente persona jurídica, así como respecto de los apoderados y autorizados para operar en su nombre frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en el literal g). En lo que respecta al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas físicas así como del beneficiario final, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente. Disposición Transitoria: Las representaciones dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.30 (CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN). Las representaciones deberán conservar los registros de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, así como toda la información obtenida en el proceso de debida diligencia, por un plazo mínimo de 5 (cinco) años después de terminada la relación comercial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nro. 19.574 del 20 de diciembre de 2017. ARTÍCULO 316.31. (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA). Las representaciones deberán aplicar procedimientos de debida diligencia intensificada para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con lo que surja de la evaluación de riesgo realizada por la institución. No obstante, serán considerados como de mayor riesgo: a) las relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes, en especial los que provengan de países que no cumplen con los estándares Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. b) las personas políticamente expuestas así como sus familiares y asociados cercanos. c) todas aquellas operaciones que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. En aplicación de los procedimientos de debida diligencia intensificada, las representaciones deberán: i. obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer o continuar una relación con este tipo de clientes. o o . elaborar un informe circunstanciado en el que se incluirá el perfil de actividad asignado para monitorear adecuadamente las transacciones del cliente y se explicitarán todos los elementos que hayan sido considerados para determinar dicho perfil. El informe deberá estar adecuadamente respaldado por documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. A estos efectos, se deberá contar con estados contables con informe de Contador Público, declaraciones de impuestos, estados de responsabilidad, actas de distribución de utilidades, contratos de compraventa u otra documentación que permita cumplir con lo señalado precedentemente. No obstante ello, en todos los casos se deberá contar con copias de las declaraciones juradas o documentación equivalente presentadas ante la administración tributaria correspondiente. Se exceptúa de esta exigencia cuando se trate de clientes no residentes siempre que: - la representación se asegure que la presentación de la referida documentación no es un requisito establecido por el regulador financiero de la institución representada en sus normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y - se obtenga una constancia emitida por la Administración Tributaria correspondiente o una carta emitida por un profesional o por los representantes del cliente indicando que se encuentra al día con sus obligaciones tributarias. En el caso de las personas comprendidas en el literal b) cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de actividad, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dólares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalente en otras Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY monedas, o realicen transacciones por hasta dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo se requerirá la documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el volumen acumulado de transacciones. iii. aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente. iv. realizar un monitoreo más intenso de la relación comercial, incrementando la cantidad y frecuencia de los controles aplicados. Disposición Transitoria: Las representaciones dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.32 (TRANSACCIONES CON PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL). Se consideran países o territorios que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional aquellos que: í) no sean miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza tales como: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT, Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Grupo de prevención del blanqueo de capitales de África del Sur y del Este (MENAFATF) y Grupo Asia/Pacífico en materia de blanqueo de capitales (APG), etc.; o ¡¡) estén siendo objeto de medidas especiales por parte de alguno de los grupos mencionados en el literal anterior por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente. Los resultados del análisis efectuado para determinar el carácter legítimo de las transacciones con personas y empresas - incluidas las instituciones financieras- residentes en los países o a que refieren los numerales ¡) y ¡¡i) deberán plasmarse por escrito y mantenerse a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros. Disposición Transitoria: Las representaciones dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ARTÍCULO 316.33 (PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS). Se entiende por “personas políticamente expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. Las representaciones deberán contar con procedimientos que les permitan determinar cuando un cliente o beneficiario final es persona políticamente expuesta, familiar o asociado cercano de una persona políticamente expuesta. Disposición Transitoria: Las representaciones dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.34 (CONFIDENCIALIDAD). Las representaciones no podrán poner en conocimiento de las personas involucradas ni de terceros, las actuaciones o informes que ellas realicen o produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en respuesta a una solicitud de información que le haya formulado la Unidad de Información y Análisis Financiero. ARTÍCULO 316.35 (EXAMEN DE OPERACIONES). Las representaciones deberán prestar atención a aquellas transacciones que resulten inusuales o complejas o de gran magnitud y dejar constancia escrita de: ¡i) los controles y verificaciones que realicen para determinar sus antecedentes y finalidades y ¡¡) las conclusiones del examen realizado, en las que se especificarán los elementos que se tomaron en cuenta para confirmar o descartar la inusualidad de la operación. También deberán dejar constancia de los controles realizados para determinar la existencia de bienes o transacciones que puedan estar vinculadas con las personas u organizaciones relacionadas con actividades terroristas indicadas en el artículo 316.37. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Toda la información mencionada en este artículo deberá mantenerse a disposición del Banco Central del Uruguay y de los auditores externos de la institución cuando corresponda. Disposición Transitoria: Las representaciones dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.36 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Las representaciones estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones, realizadas o no, que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aun involucrando activos de origen lícito — se sospeche que están vinculadas a personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a financiar cualquier actividad terrorista. La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y aun cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la institución ya sea porque el cliente desistió de realizarla o porque la institución resolvió no dar curso a la misma. La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero a esos efectos. ARTÍCULO 316.37 (DEBER DE INFORMAR SOBRE BIENES VINCULADOS CON EL TERRORISMO). Las representaciones deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: ¡. haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva; ii. haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 28. INCORPORAR en el Libro 11! - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el Título V - Prevención del uso de las empresas de transporte de valores para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 29. INCORPORAR en el Título V - Prevención del uso de las empresas de transporte de valores para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los siguientes artículos: ARTÍCULO 316.38 (PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). Las empresas de transporte de valores deberán: a) b) c) Establecer políticas y procedimientos que les permitan prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A estos efectos, deberán definir el alcance y la profundidad de las medidas de control a implementar en base a la evaluación de riesgo que realicen teniendo en cuenta la actividad de sus clientes, debiendo mantener los registros de dichos servicios. Establecer políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: ¡. un alto nivel de integridad del mismo. Deberán considerar aspectos tales como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo. ii. una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la forma de proceder en cada situación. Designar un oficial de cumplimiento que será el responsable de la implantación, el seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema preventivo, debiendo promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos aplicados por la institución. Además será el funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. El Oficial de Cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal superior, pudiendo ser desempeñada la función por uno de los propietarios de la empresa. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, la jerarquía dentro de la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en forma autónoma y eficiente. Disposición Transitoria: Las empresas de transporte de valores dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuarse a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.39 (POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). Las empresas de transporte de valores deberán definir políticas y procedimientos de debida diligencia aplicables tanto a los nuevos clientes como a los clientes con los que operan, que les permitan obtener un adecuado conocimiento de los mismos, así como del beneficiario final de la transacción, prestando especial atención al volumen y a la índole de los negocios u otras actividades económicas que los clientes desarrollen. No establecerán relaciones de negocios ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia antes referidos. Cuando se aprecie esta posibilidad en el curso de la relación de negocios, las instituciones pondrán fin a la misma, procediendo a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información y Análisis Financiero de acuerdo con la normativa en la materia. Las políticas y procedimientos antes referidos deberán contener, como mínimo: a) Medidas razonables para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información acerca de la verdadera identidad del cliente así como de la persona en cuyo beneficio se lleve a cabo una transacción. b) Procedimientos para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información relativa a la actividad económica desarrollada por el cliente, que permitan justificar adecuadamente el servicio prestado. c) Reglas claras de aceptación de clientes, definidas en función de factores de riesgo tales como: país de origen, nivel de exposición política, tipo de negocio o actividad, personas vinculadas, volumen de operaciones, etc., que contemplen mecanismos especiales de análisis y requisitos de aprobación más rigurosos para las categorías de clientes de mayor riesgo. d) Sistemas de monitoreo que permitan detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Asimismo, las políticas y procedimientos podrán prever que, en casos excepcionales, las instituciones no completen la debida diligencia cuando adviertan que de hacerlo Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY se estaría alertando al cliente, debiendo reportar dicha situación a la Unidad de Información y Análisis Financiero en forma inmediata. Disposición Transitoria: Las empresas de transporte de valores dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.40 (IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE CLIENTES). Las empresas de transporte de valores no podrán prestar servicios sin la debida identificación de sus clientes, debiendo recabar información para establecer y registrar por medios eficaces su identidad y el propósito del servicio prestado. No se deberá establecer una relación definitiva hasta tanto no se haya verificado de manera satisfactoria la identidad del cliente para lo cual deberán considerar el resultado de la evaluación de riesgos realizada. La referida verificación podrá realizarse luego de iniciada la relación comercial siempre que sea necesario para no interrumpir el curso normal de la actividad. A tales efectos, las empresas de transporte de valores dispondrán de un plazo máximo de 60 (sesenta) días contados desde el inicio del vínculo, período durante el cual deberán realizar un monitoreo más intenso de las transacciones del cliente. Disposición Transitoria: Las empresas de transporte de valores dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuarse a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.41 (IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO FINAL). Las empresas de transporte de valores deberán recabar información para establecer y registrar por medios eficaces la identidad del beneficiario final de la transacción así como verificar su identidad. La referida verificación deberá realizarse considerando el resultado de la evaluación de riesgos realizada. Se exceptúa de la obligación de identificar al beneficiario final cuando se trate de clientes, cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de las bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio, o sean propiedad, directa o indirectamente, de sociedades cuyos títulos de participación cumplan con el requisito antes mencionado, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. Dicha excepción aplica únicamente respecto de los títulos que cotizan en bolsa. Se entenderá por beneficiario final a las personas físicas que, directa oO indirectamente, posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación independiente o estructura jurídica. Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control. En el caso de los fideicomisos, la obligación establecida en el primer inciso alcanzará a las personas físicas que cumplan con alguna de las condiciones dispuestas en los incisos tercero a quinto en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Disposición Transitoria: Las empresas de transporte de valores dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuarse a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.42 (INFORMACIÓN MÍNIMA). Las empresas de transporte de valores deberán obtener, como mínimo, la siguiente información de cada uno de sus clientes: ¡) Clientes no sujetos a regulación y supervisión financiera 1) Personas físicas a) nombre y apellido completo; b) fecha y lugar de nacimiento; c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; d) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; e) estado civil (si está casado o en unión concubinaria reconocida judicialmente, nombre y número de documento de identidad del cónyuge o concubino); f) domicilio y número de teléfono; g) profesión, oficio o actividad principal; h) volumen de ingresos. Se deberá hacer constar expresamente si el cliente está actuando por cuenta propia o en nombre de un tercero y, en este último caso, obtener los mencionados datos respecto del beneficiario final de la transacción. En lo que Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY refiere al dato sobre volumen de ingresos, se solicitará al beneficiario final cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente. Asimismo, deberán obtenerse dichos datos respecto de los apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en los literales g) y h). 2) Personas jurídicas a) denominación; b) fecha de constitución; c) domicilio y número de teléfono; d) número de inscripción en el Registro Unico o en el organismo tributario correspondiente; e) documentación acreditante de la constitución en forma de la respectiva entidad y de sus actuales autoridades y representantes; f) actividad principal; g) volumen de ingresos; h) estructura de propiedad y control de la sociedad, estableciendo quiénes son sus accionistas o propietarios y dejando constancia de quién es el beneficiario final o controlante de la sociedad, si fuera otra persona distinta de las anteriores. La identificación de los accionistas oO propietarios corresponderá toda vez que los mismos posean un porcentaje del capital superior al 15%; ¡) constancia de inscripción en el Registro de beneficiarios finales (Ley Nro. 19.484 del 5 de enero de 2017). Los datos a que refiere el numeral 1), deberán obtenerse respecto del beneficiario final de la transacción. En lo que refiere al dato sobre volumen de ingresos, se solicitará al beneficiario final cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente. Asimismo, se deberán obtener los mencionados datos para las personas físicas que actúen en representación del cliente persona jurídica, así como para los apoderados y autorizados para operar en su nombre frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en los literales g) y h). ¡¡) Clientes sujetos a regulación y supervisión financiera a) denominación de la persona jurídica; b) domicilio y número de teléfono; ) c) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY d) identificación de la persona física que contrata el servicio en los términos previstos por el numeral 1) anterior, acreditando además su calidad de representante. Disposición Transitoria: Las empresas de transporte de valores dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.43 (CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN). Las empresas de transporte de valores deberán conservar los registros de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, así como toda la información obtenida en el proceso de debida diligencia, por un plazo mínimo de 5 (cinco) años después de terminada la relación comercial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nro. 19.574 del 20 de diciembre de 2017. ARTÍCULO 316.44 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA). Las empresas de transporte de valores deberán aplicar procedimientos de debida diligencia intensificada a: a) las relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes, en especial los que provengan de países que no cumplen con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. b) las personas políticamente expuestas así como sus familiares y asociados cercanos. c) todas aquellas operaciones que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. En aplicación de los procedimientos de debida diligencia intensificada, las empresas de transporte de valores deberán: ¡. obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer o continuar una relación con este tipo de clientes. ii. elaborar un informe en el que conste el origen de los fondos o valores a ser transportados el que deberá estar adecuadamente respaldado por documentación que permita justificar el origen de los mismos. En el caso de las personas comprendidas en el literal b) cuyas transacciones anuales, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dólares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalente en otras monedas, sólo se requerirá la documentación que permita justificar el origen de los fondos o valores a ser transportados. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el volumen acumulado de transacciones. iii. aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente. iv. realizar un monitoreo más intenso de la relación comercial, incrementando la cantidad y frecuencia de los controles aplicados. Disposición Transitoria: Las empresas de transporte de valores dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.45 (TRANSACCIONES CON PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL). Se consideran países o territorios que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional aquellos que: i) no sean miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza tales como: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT, Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Grupo de prevención del blanqueo de capitales de África del Sur y del Este (MENAFATF) y Grupo Asia/Pacífico en materia de blanqueo de capitales (APG), etc.; o ¡¡) estén siendo objeto de medidas especiales por parte de alguno de los grupos mencionados en el literal anterior por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente. Los resultados del análisis efectuado para determinar el carácter legítimo de las transacciones con personas y empresas - incluidas las instituciones financieras- residentes en los países o a que refieren los numerales ¡) y ii) deberán plasmarse por escrito y mantenerse a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros. Disposición Transitoria: Las empresas de transporte de valores dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuarse a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.46 (PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS). Se entiende por “personas políticamente expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. Las empresas administradoras de plataformas para préstamos entre personas deberán contar con procedimientos que les permitan determinar cuando un cliente o beneficiario final es persona políticamente expuesta, familiar o asociado cercano de una persona políticamente expuesta. Disposición Transitoria: Las empresas de transporte de valores dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.47 (CONFIDENCIALIDAD). Las empresas de transporte de valores no podrán poner en conocimiento de las personas involucradas ni de terceros, las actuaciones o informes que realicen o produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en respuesta a una solicitud de información que le haya formulado la Unidad de Información y Análisis Financiero. ARTÍCULO 316.48 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Las empresas de transporte de valores estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones, realizadas o no, que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que — aun involucrando activos de origen lícito — se sospeche que están vinculadas a personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a financiar cualquier actividad terrorista. La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y aun cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la institución ya sea porque el cliente desistió de realizarla o porque la institución resolvió no dar curso a la misma. La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy 30. 31. BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Unidad de Información y Análisis Financiero a esos efectos. ARTÍCULO 316.49 (DEBER DE INFORMAR SOBRE BIENES VINCULADOS CON EL TERRORISMO). Las empresas de transporte de valores deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: ¡. haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva; ii. haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. INCORPORAR en el Libro 11! — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, el Titulo VI — prevención del uso de las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. INCORPORAR en el Titulo VI — prevención del uso de las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro Ill — Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas, los siguientes artículos: ARTÍCULO 316.50 (PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad deberán: a) Establecer políticas y procedimientos que les permitan prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A estos efectos, deberán definir el alcance y la profundidad de las medidas de control a implementar en base a la evaluación de riesgo que realicen. b) Establecer políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: Í. un alto nivel de integridad del mismo. Las empresas prestadoras de Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad deberán considerar aspectos tales como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo. ii. una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la forma de proceder en cada situación. c) Designar un oficial de cumplimiento que será el responsable de la implantación, el seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema preventivo, debiendo promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos aplicados por la institución. Además será el funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. El Oficial de Cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal superior, pudiendo ser desempeñada la función por uno de los propietarios de la empresa. Debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, la jerarquía dentro de la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en forma autónoma y eficiente. Disposición Transitoria: Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuarse a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.51 (POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad deberán definir políticas y procedimientos de debida diligencia que deberán aplicarse a todos los nuevos clientes y asimismo, a los clientes existentes, que les permitan obtener un adecuado conocimiento de los mismos, así como del beneficiario final de la transacción. Las instituciones no establecerán relaciones de negocios cuando no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia antes referidos. Cuando se aprecie esta posibilidad en el curso de la relación de negocios, las instituciones pondrán fin a la misma, procediendo a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información y Análisis Financiero de acuerdo con la normativa en la materia. Las políticas y procedimientos definidos por la institución deberán contener, como mínimo: Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY a) Medidas razonables para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información acerca de la verdadera identidad del cliente así como de la persona en cuyo beneficio se lleve a cabo una transacción. b) Reglas claras de aceptación de clientes, definidas en función de factores de riesgo tales como país de origen y nivel de exposición política, que contemplen mecanismos especiales de análisis y requisitos de aprobación más rigurosos para las categorías de clientes de mayor riesgo. c) Sistemas de monitoreo que permitan detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes considerando especialmente la frecuencia de las visitas del cliente al cofre, el número de titulares y apoderados, etc. Disposición Transitoria: Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.52 (IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE CLIENTES). Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad no podrán prestar servicios sin la debida identificación de sus clientes, debiendo recabar información para establecer y registrar por medios eficaces su identidad y el propósito del servicio prestado. No se deberá establecer una relación definitiva hasta tanto no se haya verificado de manera satisfactoria la identidad del cliente para lo cual deberán considerar el resultado de la evaluación de riesgos realizada. La referida verificación podrá realizarse luego de iniciada la relación comercial siempre que sea necesario para no interrumpir el curso normal de la actividad. A tales efectos, las empresas dispondrán de un plazo máximo de 60 (sesenta) días contados desde el inicio del vínculo, período durante el cual deberán realizar un monitoreo más intenso de las transacciones del cliente. Disposición Transitoria: Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuarse a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.53 (IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO FINAL). Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad deberán recabar información para establecer y registrar por medios eficaces la identidad del beneficiario final de la transacción así como verificar su Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY identidad. La referida verificación deberá realizarse considerando el resultado de la evaluación de riesgo realizada. Se exceptúa de la obligación de identificar al beneficiario final cuando se trate de clientes, cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de las bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio, o sean propiedad, directa o indirectamente, de sociedades cuyos títulos de participación cumplan con el requisito antes mencionado, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. Dicha excepción aplica únicamente respecto de los títulos que cotizan en bolsa. Se entenderá por beneficiario final a las personas físicas que, directa oO indirectamente, posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación independiente o estructura jurídica. Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control. En el caso de los fideicomisos, la obligación establecida en el primer inciso alcanzará a las personas físicas que cumplan con alguna de las condiciones dispuestas en los incisos tercero a quinto en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Disposición Transitoria: Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.54 (INFORMACIÓN MÍNIMA). Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad deberán obtener, como mínimo, la siguiente información de cada uno de sus clientes: 1) Personas físicas a) nombre y apellido completo; b) fecha y lugar de nacimiento; Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy 2) BANCO CENTRAL DEL URUGUAY c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; d) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; e) estado civil (si está casado o en unión concubinaria reconocida judicialmente, nombre y número de documento de identidad del cónyuge o concubino); f) domicilio y número de teléfono; g) profesión, oficio o actividad principal; h) volumen de ingresos. Se deberá hacer constar expresamente si el cliente está actuando por cuenta propia o en nombre de un tercero y, en este último caso, obtener los mencionados datos respecto del beneficiario final de la transacción, con excepción de lo dispuesto en el literal h). Asimismo, los referidos datos deberán obtenerse respecto de los apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en los literales g) y h). Personas jurídicas a) denominación; b) fecha de constitución; c) domicilio y número de teléfono; d) número de inscripción en el Registro Unico Tributario o en el organismo tributario correspondiente; e) documentación acreditante de la constitución en forma de la respectiva entidad y de sus actuales autoridades y representantes; f) actividad principal; g) volumen de ingresos; h) estructura de propiedad y control de la sociedad, estableciendo quiénes son sus accionistas o propietarios y dejando constancia de quién es el beneficiario final o controlante de la sociedad, si fuera otra persona distinta de las anteriores. La identificación de los accionistas o propietarios corresponderá toda vez que los mismos posean un porcentaje del capital superior al 15%; ¡i) constancia de inscripción en el Registro de beneficiarios finales (Ley Nro. 19.484 del 5 de enero de 2017). Los datos a que refiere el numeral 1), deberán obtenerse respecto del beneficiario final de la transacción, con excepción de lo dispuesto en el literal h). Asimismo, se deberán obtener los mencionados datos para las personas físicas que actúen en representación del cliente persona jurídica, así como para los Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY apoderados y autorizados para operar en su nombre frente a la institución, con excepción de lo dispuesto en los literales g) y h). Disposición Transitoria: Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.55 (CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN). Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad deberán conservar los registros de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, así como toda la información obtenida en el proceso de debida diligencia, por un plazo mínimo de 5 (cinco) años después de terminada la relación comercial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nro. 19.574 del 20 de diciembre de 2017. ARTÍCULO 316.56 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA). Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad aplicar procedimientos de debida diligencia intensificada para las relaciones comerciales consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con lo que surja de la evaluación de riesgo realizada por la institución. No obstante, serán considerados como de mayor riesgo: a) las relaciones comerciales con clientes no residentes, en especial los que provengan de países que no cumplen con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. b) las personas políticamente expuestas así como sus familiares y asociados cercanos. c) todas aquellas operaciones que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. En aplicación de los procedimientos de debida diligencia intensificada, las instituciones deberán: ¡. obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer o continuar una relación con este tipo de clientes. ii. aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente. iii. realizar un monitoreo más intenso de la relación comercial, incrementando la cantidad y frecuencia de los controles aplicados. Disposición Transitoria: Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ARTÍCULO 316.57 (PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS). Se entiende por “personas políticamente expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. Las instituciones deberán contar con procedimientos que les permitan determinar cuando un cliente o beneficiario final es persona políticamente expuesta, familiar o asociado cercano de una persona políticamente expuesta. Disposición Transitoria: Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad dispondrán de un plazo de 120 (ciento veinte) días para adecuar sus procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 316.58 (CONTRATOS Y REGISTROS). Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad deberán guardar el respectivo contrato con el cliente y mantener un registro en el que conste la identificación de cada una de las personas que tienen acceso a los cofres, con constancia de día y hora de ingreso y egreso al respectivo recinto. ARTÍCULO 316.59 (CONFIDENCIALIDAD). Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad no podrán poner en conocimiento de las personas involucradas ni de terceros, las actuaciones o informes que realicen o produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en respuesta a una solicitud de información que le haya formulado la Unidad de Información y Análisis Financiero. ARTÍCULO 316.60 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones, realizadas o no, que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que —aun involucrando activos de origen lícito — se sospeche que están vinculadas a personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a financiar cualquier actividad terrorista. La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y aun cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la institución ya sea porque el cliente desistió de realizarla o porque la institución resolvió no dar curso a la misma. La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero a esos efectos. ARTÍCULO 316.61 (DEBER DE INFORMAR SOBRE BIENES VINCULADOS CON EL TERRORISMO). Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: ¡. haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como la proliferación de armas de destrucción masiva; ii. haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. 32. SUSTITUIR en el Capítulo | - Información y documentación — Condiciones y formas de resguardo, del Título | — Información y documentación, de la Parte | - Instituciones de intermediación financiera, del Libro VI - Información y documentación, el artículo 493 por el siguiente: ARTÍCULO 493 (RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN). Las instituciones deberán implementar procedimientos de resguardo de toda la documentación emitida respaldante de las informaciones y registros contables a que refiere el artículo 492. 33. SUSTITUIR en el Capítulo 11l - Conservación y reproducción de documentos, del Título | — Información y documentación, de la Parte | - Instituciones de Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy 34. BANCO CENTRAL DEL URUGUAY intermediación financiera, del Libro VI - Información y documentación, el artículo 503 por el siguiente: ARTÍCULO 503 (CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS). Las instituciones pueden, bajo su exclusiva responsabilidad, optar por los procedimientos que estimen más convenientes para la conservación, guarda o archivo de la documentación emitida y de las informaciones obtenidas o elaboradas en cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia de clientes. Sin perjuicio de lo anterior, la tecnología a aplicar será válida en la medida en que se satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 496. Toda documentación original cuya reproducción se admita y que haya sido realizada según lo establecido en el presente régimen, previo a su destrucción física deberá ser puesta a disposición de los interesados mediante notificación fehaciente por el término de 6 (seis) meses a contar desde dicha notificación. Se admitirá como medio fehaciente de notificación el emplazamiento genérico realizado a través de la publicación en el Diario Oficial y en otro diario de los de mayor circulación nacional. En el caso de cheques, la puesta a disposición deberá realizarse en las casas centrales, sucursales o agencias donde los libradores tengan abiertas sus cuentas corrientes. INCORPORAR en el Capítulo VIll — Prevención del lavado de activos y, financiamiento del terrorismo, del Título Il —- Régimen informativo, de la Parte | — Instituciones de intermediación financiera, del Libro VI - Información y documentación los siguientes artículos: ARTÍCULO 549.2 (INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES Y SERVICIOS). Las instituciones de intermediación financiera, con excepción de las administradoras de grupos de ahorro previo, deberán proporcionar información anual sobre transacciones y servicios, agrupados según factores de riesgo para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La referida información se presentará a la Unidad de Información y Análisis Financiero, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, dentro de los 60 (sesenta) días siguientes al cierre del ejercicio al que está referida. ARTÍCULO 550.2 (REPORTE DE CUENTAS DE DEPÓSITO Y CUSTODIA, INSTRUMENTOS DE DINERO ELECTRÓNICO Y OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS). Las instituciones de intermediación financiera deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros las altas y bajas de cuentas, productos o Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY servicios vinculados a clientes, incluyendo datos de los titulares, apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución, que se indican a continuación: ¡) cuentas de depósito e instrumentos de dinero electrónico, con excepción de los alcanzados por lo dispuesto en el artículo 550.1; ¡¡) certificados de depósito u otros instrumentos de deuda emitidos por la institución; ¡11) cuentas de custodia; iv) servicios de arrendamiento de cofres de seguridad; y v) otros productos o servicios vinculados a activos del cliente. La información será proporcionada dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se realiza el alta o baja de la cuenta, producto o servicio o de la modificación de las personas vinculadas con los mismos, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. 35. SUSTITUIR en el Capítulo lll — Auditores externos, del Título Il — Régimen informativo, de la Parte Il - Empresas de servicios financieros y casas de cambio, del Libro VI - Información y documentación, el artículo 605 por el siguiente: ARTÍCULO 605 (INFORMES DE AUDITORES EXTERNOS). Las empresas de servicios financieros deberán presentar, de acuerdo con las instrucciones que impartirá la Superintendencia de Servicios Financieros, los siguientes informes emitidos por auditores externos: a) Dictamen sobre los estados financieros individuales, notas y anexos al cierre del ejercicio anual, informando además si dichos estados han sido elaborados de acuerdo con las normas contables dispuestas por la Superintendencia de Servicios Financieros. Cuando no sea así, se deberán especificar los criterios que se han utilizado y las consecuencias que se derivan de su aplicación. b) Informe anual de evaluación del sistema integral a que refiere el artículo 290. Se deberá emitir opinión respecto de la idoneidad y el funcionamiento del sistema adoptado por la empresa de servicio financiero para prevenirse de ser utilizada para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, indicando sus deficiencias u omisiones materialmente significativas, las recomendaciones impartidas para superarlas y las medidas correctivas adoptadas por la institución. c) Dictamen sobre los estados financieros consolidados, notas y anexos al cierre del ejercicio anual y si dichos estados han sido elaborados de acuerdo con las normas contables dispuestas por la Superintendencia de Servicios Financieros. Cuando Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY no sea así, se deberán especificar los criterios que se han utilizado y las consecuencias que se derivan de su aplicación. Los informes de auditores externos se entregarán, en la Superintendencia de Servicios Financieros, dentro de los siguientes plazos: Apartado a) y c): 2 meses contados desde el cierre del ejercicio. Apartado b): 3 meses contados desde el cierre del ejercicio. 36. INCORPORAR en el Capítulo Ill — Auditores externos, del Título Il — Régimen informativo, de la Parte Il - Empresas de servicios financieros y casas de cambio, del Libro VI - Información y documentación, el siguiente artículo: ARTÍCULO 605.1 (INFORME DE AUDITORES EXTERNOS - CASAS DE CAMBIO). Las casas de cambio deberán presentar, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, un informe anual de evaluación del sistema integral a que refiere el artículo 290. Se deberá emitir opinión respecto a la idoneidad y el funcionamiento del sistema adoptado por la casa de cambio para prevenirse de ser utilizada para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, indicando sus deficiencias u omisiones materialmente significativas, las recomendaciones impartidas para superarlas y las medidas correctivas adoptadas por la institución. El informe se entregará en la Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 3 meses contados desde el cierre del ejercicio. Vigencia: El primer informe anual referido al sistema integral de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se exigirá para el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2019. 37. INCORPORAR en el Capítulo VI - Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo del Título Il — Régimen informativo, de la Parte Il — Empresas de servicios financieros y casas de cambio, del Libro VI - Información y documentación, los siguientes artículos: ARTÍCULO 613.3 (INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES Y SERVICIOS). Las empresas de servicios financieros y casas de cambio deberán proporcionar información anual sobre transacciones y servicios, agrupados según factores de riesgo para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La referida información se presentará a la Unidad de Información y Análisis Financiero, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, dentro de los 30 (treinta) días siguientes al cierre del ejercicio al que está referida. Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy 38. 39. 40. BANCO CENTRAL DEL URUGUAY ARTÍCULO 613.4 (REPORTE DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COFRES DE SEGURIDAD). Las empresas de servicios financieros y casas de cambio deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros las altas y bajas de servicios de arrendamiento de cofres de seguridad, incluyendo datos de los titulares, apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución. La información será proporcionada dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se realiza el alta o baja del servicio o de la modificación de las personas vinculadas con éste, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. SUSTITUIR en el Título | — Información y documentación, de la Parte IV — Representaciones, del Libro VI - Información y documentación, el artículo 646 por el siguiente: ARTICULO 646 (RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN) Los representantes deberán implementar procedimientos de resguardo de toda la documentación y mantener por un lapso de 10 (diez años) las constancias de sus gestiones de representación. SUSTITUIR en el Título | — Información y documentación, de la Parte V - Empresas de transferencia de fondos, empresas de trasporte de valores y empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, del Libro VI - Información y documentación, el artículo 654 por el siguiente: ARTÍCULO 654 (RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN). Las empresas de transferencia de fondos y las empresas de transporte de valores deberán mantener los registros de todas las transacciones realizadas e implementar procedimientos de resguardo de los documentos vinculados a sus operaciones. Toda esta información y documentación deberá estar disponible en tiempo, forma y en condiciones de ser procesada y deberá conservarse por un plazo mínimo de 10 (diez) años. INCORPORAR en el Título Il — Régimen informativo, de la Parte V - Empresas de transferencia de fondos, empresas de trasporte de valores y empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, del Libro VI - Información y documentación, el siguiente artículo: ARTÍCULO 659.1 (REPORTE DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COFRES DE SEGURIDAD). Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros las altas y bajas de servicios de arrendamiento de cofres de seguridad, incluyendo datos de los titulares, apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución. La información será proporcionada dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se realiza el alta o baja del servicio o de la modificación de las personas vinculadas con éste, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. JUAN PEDRO CANTERA SuperintendenteServicios Financieros 2018/02397 Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy

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